Con motivo del Día de los Derechos Humanos, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha lanzado la campaña #DerechoANuestrosDerechos. Este año, la iniciativa -que cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030- se centra en la reivindicación de la paralización del Protocolo adicional al Convenio de Oviedo, dada la vulneración de derechos que supondría su aprobación para las personas con problemas de salud mental.
Gracias a las presiones de la sociedad civil, la aprobación del Protocolo está paralizada desde el año 2022. No obstante, según se ha informado, en enero de 2026, está previsto que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) retome el proceso para votar el texto.
La campaña tiene como objetivo contribuir a la incidencia para conseguir que dicho Protocolo no sea aprobado; denunciar las medidas coercitivas que se producen cada día en el sistema sanitario, y reivindicar un modelo de atención a la salud mental basado en los derechos humanos.
Desde la misión asumida por la Confederación de promover la adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de quienes tienen un problema de salud mental y sus familias, a la par de la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo, SALUD MENTAL ESPAÑA ha llevado a cabo una labor de incidencia política a nivel europeo. En este marco, ha procedido al envío de cartas personalizadas a miembros de la PACE, instando a que adoptasen una opinión negativa en el dictamen sobre el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo que, previsiblemente, iba a tener lugar en septiembre.
Dignidad humana por encima del diagnóstico
A la par de esta tarea, encabezada por Mental Health Europe, la campaña #DerechoaNuestrosDerechos de la Confederación busca, ante todo, concienciar acerca de que un problema de salud mental no elimina ni acota derechos humanos; además de plantear que la dignidad humana está por encima de un diagnóstico, y que toda legalidad rige en igualdad de condiciones dar a todas las personas.
Para esto, referentes del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA han elaborado un Posicionamiento, valioso en lo conceptual y humano, que explicita que ?el derecho natural a la inclusión sigue enfrentado miradas que juzgan, silencios que apartan, y barreras que limitan?. Complementa esta campaña una serie de infografías, que repasan, de manera dinámica y didáctica, qué es el Convenio de Oviedo, qué trayectoria tiene, qué busca el mencionado Protocolo adicional y por qué es necesario frenar su avance.
Por su parte, Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, señala que el Protocolo adicional ?responde a un modelo anclado en el pasado y absolutamente biologicista de la salud mental, con el que no comulgamos en SALUD MENTAL ESPAÑA, y que, además, entra en contradicción con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de obligado cumplimiento por los Estados Parte, entre los que se encuentra el Estado español?.
González Zapico explica que este texto ?autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental, basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos relevantes, como la propia ONU, en el ámbito de los derechos humanos?.
El presidente de la Confederación insiste en que las medidas que contempla el Protocolo ?avalan los internamientos involuntarios, la medicación forzosa, la contención física y química y el aislamiento. En definitiva, no mejoran la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y puede tener el efecto contrario?. Y añade: ?Una vez más, afirmamos que ?nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras? es el núcleo de nuestra tarea, la proclama que pone a las personas con experiencia propia en el centro. Así, desde la Confederación se da lugar a documentos de referencia y consulta, como son el ?Informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental?y el ?Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2024??.
El Convenio de Oviedo
También conocido como el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, el Convenio de Oviedo es un tratado internacional del Consejo de Europa, que busca proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona ante los avances en biomedicina.
En cambio, el proyecto del Protocolo adicional puede reforzar la institucionalización y aumentar el uso de la coacción en psiquiatría. Redactado en 2013, el Protocolo al Convenio de Oviedo propone que las medidas de ingreso y tratamientos involuntarios estén incluidas y protocolarizadas. Y es que el Protocolo confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos.
Contra los derechos de las personas con discapacidad
Los argumentos de la Confederación, expresados ante miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, son claros: ?[?] la Asamblea ha pedido en numerosas ocasiones que se ponga fin a la coerción en los entornos de salud mental, reconociendo la incompatibilidad del tratamiento y el internamiento involuntarios con los derechos humanos fundamentales. Las recomendaciones y resoluciones de la Asamblea han abogado sistemáticamente por un cambio hacia un enfoque de la salud mental basado en los derechos, en plena consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Sin embargo, en lugar de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y problemas de salud mental, el proyecto de Protocolo adicional corre el riesgo de reforzar la institucionalización y probablemente aumentará el uso de la coacción en psiquiatría.?
Cabe destacar que, desde 2014, las organizaciones de la sociedad civil, las personas usuarias de los servicios de salud mental y las personas supervivientes de la psiquiatría se han opuesto firmemente al proyecto de Protocolo adicional, y existe un consenso creciente contra la coerción dentro de las comunidades médica y científica.
A su vez, a diferencia de dicho borrador de Protocolo adicional, existe otro texto, como es el borrador referido a la ?Recomendación sobre el respeto de la autonomía en la atención de salud mental?, que constituye un paso importante hacia la reforma de los sistemas europeos de salud mental. Desarrollado a través de una consulta proactiva con las organizaciones de personas con discapacidad, el documento hace valiosas referencias a las normas de derechos humanos y buenas prácticas, incorpora un lenguaje basado en los derechos para fortalecer las protecciones, y tiene como objetivo la eliminación definitiva de la coacción en la atención de salud mental.
SALUD MENTAL ESPAÑA reivindica suprimir las prácticas institucionales que vulneran los derechos humanos y recuperar la dignidad y los derechos de las personas con problemas de salud mental. Asimismo, reclama el incremento de la inversión en salud mental, el refuerzo de los equipos profesionales y la cohesión de la red de atención; son factores que actualmente dificultan el desarrollo de la atención comunitaria y favorecen el uso de medidas de control y coerción, en lugar de medidas terapéuticas.
Obligación de aplicación inmediata
Como sostiene el Posicionamiento que vertebra esta campaña, ?la dignidad humana, y otra mirada ética de la práctica médica, no pueden aplazarse en espera de una asignación de recursos y de una planificación que nunca llega. Exigimos compromiso político y voluntad transformadora?.
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA insta a una urgente toma de conciencia. Como lo ha hecho en diversas oportunidades, entre acciones junto al movimiento social de la discapacidad CERMI o la adhesión al ?Manifiesto de Cartagena?, enfatiza que la abolición de las prácticas abusivas y coercitivas en la atención de salud mental es una obligación de aplicación inmediata, y la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes es un principio absoluto del derecho internacional. Reivindica, por tanto, un dictamen negativo, claro e inequívoco, sobre el borrador de Protocolo adicional. Será lo determinante para que el Consejo de Europa abandone las prácticas coercitivas, en favor de políticas que respeten verdaderamente la autonomía y la dignidad de las personas.
