Unidos por la salud

Pertenece y transforma la comunidad de pacientes

A principios de la década de los sesenta, en todo el mundo se reportaron casos de recién nacidos con graves malformaciones congénitas tras la exposición intrauterina a la talidomida. Este medicamento se comercializaba en numerosos  países como tratamiento seguro para las náuseas del embarazo. Sin embargo, una médica farmacóloga clínica recién contratada por el máximo organismo regulatorio de medicamentos y productos sanitarios de Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA), denegó su autorización en el país por falta de datos concluyentes de seguridad.

Aquella médica era Frances Oldham Kelsey. Su rigor científico evitó miles de malformaciones congénitas, pero también consiguió que la exigencia de demostrar seguridad antes de aprobar un medicamento dejara de ser una formalidad para convertirse en un pilar irrenunciable. Así, marcó un antes y un después en la regulación de medicamentos a nivel mundial.

Su ejemplo perdura más de sesenta años después e inspira a otras profesionales que, como médicas especialistas en Farmacología Clínica son, hoy en día, un pilar estratégico para garantizar que los medicamentos se desarrollan, evalúan y utilizan con el máximo rigor científico. ?Ocupamos una posición singular dentro del sistema sanitario. Poseemos un perfil transversal idóneo para integrar la investigación con medicamentos y las tareas asistenciales, contribuyendo de forma decisiva a mejorar el uso adecuado demedicamentos?, explica la Dra. Concepción Payares, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) y especialista del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.

Corregir el sesgo de género en investigación

Si el caso de la talidomida evidenció la importancia de la seguridad, la historia reciente de la investigación biomédica ha puesto sobre la mesa otro problema estructural: el sesgo de género. Durante décadas, muchos ensayos clínicos se diseñaron tomando como referencia un modelo masculino estándar. Las mujeres quedaron infrarrepresentadas en estudios clave, especialmente en fases tempranas de investigación, y variables como el ciclo hormonal, la menopausia o las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas entre sexos no siempre se analizaron de forma sistemática.

Corregir estas inercias no es solo una cuestión de equidad, sino de calidad científica y seguridad del paciente. Y aquí, la médica especialista en Farmacología Clínica desempeña un papel determinante. ?Participamos activamente en el diseño y la evaluación de los ensayos clínicos, promoviendo una representación adecuada de mujeres y hombres, y análisis específicos por sexo y género?, afirma la Dra. Lucía Arellano, vocal de la SEFC y especialista del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona.

Según la Dra. Arellano, esta sensibilidad metodológica permite cuestionar inercias históricas. ?Aportamos conocimiento sobre cómo las diferencias biológicas y hormonales influyen en la respuesta y la seguridad de los medicamentos. Esta mirada permite superar el modelo masculino como estándar y avanzar hacia una investigación más representativa y con resultados aplicables a toda la población?, subraya.

La dimensión formativa es clave para consolidar este cambio de paradigma. La Dra. Eva Montané, secretaria de la Junta Directiva de la SEFC y especialista del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario GermansTrias i Pujol, reconoce que se han producido avances, aunque todavía son insuficientes. ?Tradicionalmente, la enseñanza de la farmacología clínica se ha basado en estudios realizados mayoritariamente en varones adultos. Las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas entre sexos, así como las diferencias en la aparición de reacciones adversas, no siempre se integran de forma sistemática en los planes de estudio?, explica.

Para las especialistas, integrar esta perspectiva no es una tendencia coyuntural, sino una exigencia científica. Incorporar de manera sistemática el análisis por sexo y género en la investigación y en la práctica clínica permite desarrollar medicamentos más seguros, ajustar mejor las dosis y mejorar la equidad en el acceso y en los resultados en salud.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes ha sido recibida como un hito histórico por el movimiento asociativo, al suponer el primer reconocimiento legal específico de estas entidades como interlocutoras del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, las principales plataformas de pacientes han subrayado que el texto aún debe mejorarse para garantizar que la futura ley cumpla su objetivo esencial: reforzar una participación real, representativa y efectiva de los pacientes en la gobernanza sanitaria.

Tanto la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como el Foro Español de Pacientes (FEP) valoran de forma positiva que el Gobierno haya impulsado una norma largamente reclamada y que se avance hacia un modelo más participativo. No obstante, ambas organizaciones han trasladado matices y demandas concretas de cara a la siguiente fase de tramitación parlamentaria.

Un avance esperado tras años de reivindicación

El anteproyecto aprobado reconoce por primera vez la singularidad jurídica de las organizaciones de pacientes y garantiza su participación en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, así como en el diseño de estrategias, planes y programas que afectan directamente a la ciudadanía. Hasta ahora, estas entidades se regían por la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, un marco considerado insuficiente para reflejar su papel específico en el ámbito sanitario.

Desde el Foro Español de Pacientes, su presidente, Andoni Lorenzo, ha destacado que la iniciativa supone ?un paso decisivo hacia un modelo sanitario más participativo, más justo y más centrado en las necesidades reales de las personas?. A su juicio, la futura ley no es solo un avance normativo, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de millones de pacientes y consolidar su implicación en las políticas públicas de salud.

Riesgo de diluir la representación

Aunque la Plataforma de Organizaciones de Pacientes valora la aprobación del anteproyecto como un avance necesario, ha expresado un profundo desacuerdo con la redacción del artículo 2, que define el concepto de ?organización de pacientes?. Según la POP, esta definición amplía de forma excesiva el término, incluyendo entidades que trabajan ?en salud? pero que no están necesariamente gobernadas por pacientes, familiares o personas cuidadoras.

Para la presidenta de la POP, Carina Escobar, esta formulación supone un riesgo estructural para el espíritu de la ley. ?Llevamos años reclamando una ley que reconozca, proteja y refuerce el movimiento asociativo de pacientes; una ley de organizaciones de pacientes sí, pero no a costa de diluir quién representa realmente a los pacientes?, ha señalado. Desde la Plataforma advierten de que una definición imprecisa puede desdibujar la representatividad real del movimiento y abrir la puerta a que otros actores, con mayor capacidad estructural, ocupen un espacio institucional que corresponde a los pacientes organizados.

La POP insiste en que el rasgo diferencial de estas entidades no es sólo trabajar para las personas afectadas, sino estar gobernadas mayoritariamente por ellas, como garantía de autenticidad representativa, independencia y prevención de conflictos de interés.

Necesidad de una participación real e inclusiva

El Foro Español de Pacientes comparte la valoración positiva del anteproyecto, pero subraya que su impacto dependerá del grado de ambición con el que se desarrolle. Desde el FEP consideran imprescindible que la participación de las organizaciones de pacientes sea real, estable y vinculante, y no se limite a fórmulas consultivas sin capacidad de influencia.

Además, el Foro pone el acento en la necesidad de que la ley garantice un modelo inclusivo, que permita participar tanto a organizaciones grandes como pequeñas, incluidas las que representan patologías minoritarias. En este sentido, valoran positivamente que el texto contemple una excepcionalidad para las organizaciones de enfermedades raras, evitando que requisitos desproporcionados dejen fuera a entidades esenciales para colectivos especialmente vulnerables.

Transparencia, formación y corresponsabilidad

Ambas organizaciones coinciden en destacar como avances relevantes el reconocimiento de derechos como el acceso a información pública, la participación en políticas sanitarias y la previsión de instrumentos como la Mesa para la Participación de los Pacientes y el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes. También respaldan que la norma refuerce principios de transparencia, rendición de cuentas y prevención de conflictos de interés, aspectos clave para fortalecer la credibilidad del movimiento asociativo.

Desde el Foro Español de Pacientes, su vicepresidenta Raquel Sánchez ha subrayado la responsabilidad del momento actual y la necesidad de ?seguir trabajando sin bajar la guardia? para que este primer paso se traduzca en una participación efectiva y con garantías.

En este sentido, tanto la POP como el FEP han reiterado su disposición a seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad y con los grupos parlamentarios durante la tramitación del texto. El objetivo común es que la futura Ley de Organizaciones de Pacientes se convierta en una herramienta sólida, coherente y transformadora.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, una iniciativa largamente reclamada por el movimiento asociativo que busca dotar de un marco jurídico propio a estas entidades y reforzar su papel en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por primera vez, la norma reconoce a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras legítimas ante la Administración General del Estado.

La aprobación del anteproyecto supone un hito para las asociaciones de pacientes, que hasta ahora desarrollaban su actividad amparadas en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, sin una regulación específica acorde a su papel creciente en el ámbito sanitario. El nuevo texto reconoce su singularidad jurídica y su función como agentes clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y personas cuidadoras.

Reconocimiento institucional

Desde el Ministerio de Sanidad subrayan que la norma responde a una carencia histórica. En las últimas décadas, las organizaciones de pacientes han evolucionado desde modelos centrados en la autoayuda hacia una participación activa en la elaboración de políticas de salud, la evaluación de necesidades no cubiertas y la mejora de la calidad asistencial. Sin embargo, esta evolución no había tenido un reflejo normativo claro a nivel estatal.

Con el anteproyecto aprobado, se establece un marco que garantiza la participación de estas organizaciones en los órganos de gobernanza del SNS y en el diseño de estrategias, planes y programas que inciden directamente en la salud de la ciudadanía. El objetivo es avanzar hacia un modelo de cogobernanza más estructurado, en el que la experiencia de los pacientes forme parte de la toma de decisiones de manera estable y regulada.

Derechos, deberes y garantías de transparencia

El texto reconoce a las organizaciones de pacientes una serie de derechos, entre ellos el acceso a información pública relevante, la participación en la elaboración de políticas sanitarias y la posibilidad de acceder a financiación pública mediante criterios transparentes. También contempla el impulso a la formación continua como elemento clave para fortalecer su capacidad de interlocución y su profesionalización.

De forma paralela, establece obligaciones claras para estas entidades, que deberán guiarse por principios de transparencia, prevención de conflictos de intereses y rendición de cuentas. Este equilibrio entre derechos y deberes busca reforzar la legitimidad del movimiento asociativo y generar confianza tanto en las instituciones como en la ciudadanía.

Mesa de participación y censo estatal

Entre las principales novedades del anteproyecto se encuentran dos instrumentos llamados a ordenar y consolidar la participación de los pacientes. Por un lado, la Mesa para la Participación de los Pacientes, concebida como un espacio estable de diálogo entre las organizaciones y la Administración General del Estado. Por otro, el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes, que permitirá identificar y reconocer oficialmente a las entidades que cumplen los requisitos establecidos.

Ambos mecanismos requerirán un desarrollo reglamentario posterior, que el Ministerio de Sanidad prevé impulsar en coordinación con las comunidades autónomas para garantizar una implantación efectiva y homogénea en todo el territorio.

En general, el anteproyecto incorpora aportaciones realizadas por algunas de las principales plataformas y federaciones de pacientes, entre ellas la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Alianza General de Pacientes, la Federación Española de Diabetes y la Confederación Salud Mental España. Estas entidades han participado activamente en el proceso de diálogo previo, aportando su experiencia y conocimiento del sistema.

Excepcionalidad para enfermedades raras

De hecho, desde el movimiento asociativo se valora especialmente que la ley recoja la diversidad del tejido de pacientes y contemple una excepcionalidad para las organizaciones que representan a personas con enfermedades raras. En estos casos, el Ministerio de Sanidad se compromete a establecer requisitos específicos y proporcionales que eviten dejar fuera a entidades pequeñas pero esenciales para colectivos especialmente vulnerables.

El texto se inspira en modelos europeos consolidados de participación de pacientes, como la democracia sanitaria desarrollada en Francia, la integración estructural de los grupos de pacientes en el sistema británico o la experiencia alemana de participación en órganos decisorios. Con ello, España avanza hacia un modelo en el que la voz de los pacientes no sea puntual ni consultiva de forma informal, sino parte reconocida del sistema.

La transformación digital de la sanidad avanza de forma desigual, pero con un potencial cada vez más evidente para mejorar la vida de los pacientes. Así lo explica Jorge Pou, director de Innovación y Operaciones de GSK, en una entrevista con Somos Pacientes en la que analiza el papel de las terapias digitales y la inteligencia artificial en el abordaje de las enfermedades, no sólo desde el punto de vista clínico, sino también desde la experiencia real de quienes conviven con ellas.

Para Pou, uno de los principales valores de estas herramientas es su capacidad para ofrecer una visión más holística de la enfermedad. En su opinión, las tecnologías digitales permiten avanzar hacia un abordaje ?360 grados? de las patologías, en el que se tendrá en cuenta el tratamiento farmacológico, pero también el seguimiento, el acompañamiento y la continuidad asistencial. Un aspecto especialmente relevante para los pacientes con enfermedades crónicas, que a menudo se enfrentan a circuitos fragmentados y a una atención poco coordinada entre niveles.

Mejorar la continuidad asistencial

Uno de los problemas estructurales del sistema sanitario actual es, según Pou, la dificultad para garantizar una atención continua y de calidad a lo largo de todo el proceso asistencial. Las terapias digitales y la inteligencia artificial pueden contribuir a dar respuesta a estos retos, ayudando a detectar y resolver los denominados ?cuellos de botella? que se producen en el recorrido del paciente.