Sanitarios, expertos en salud pública y representantes de pacientes han reclamado incorporar el valor social en la evaluación de los medicamentos, un aspecto que actualmente no se tiene en cuenta de forma sistemática debido, entre otros factores, a la falta de datos en los ensayos clínicos y a la ausencia de ministerios como Trabajo o Derechos Sociales en los órganos donde se toman las decisiones clave.
Así lo expuso Jaime Espín, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y vocal de Comunicación de la Asociación de Economía de la Salud (AES), durante la presentación del informe Revalore, celebrada recientemente en el Congreso de los Diputados. Según Espín, los ensayos clínicos actuales no recogen variables clave como la reducción de las bajas laborales, el impacto en la productividad o la carga que soportan los cuidadores. A su juicio, la presencia del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Derechos Sociales en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) permitiría una visión más amplia del impacto real de un fármaco, más allá de su repercusión directa en el gasto sanitario.
El informe Revalore, impulsado por Roche, pone de relieve la necesidad de que la evaluación de tecnologías sanitarias refleje la contribución real del medicamento al bienestar colectivo. Con este objetivo, el documento recoge una serie de recomendaciones estratégicas orientadas a facilitar la incorporación del valor social en el futuro Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, actualmente en desarrollo.
Durante la jornada, los miembros del comité elaborador coincidieron en que el valor social no se integra hoy en la evaluación porque resulta más sencillo analizar aspectos objetivos y cuantificables, como la eficacia clínica o el impacto presupuestario.
?Se evalúa si funciona y cuánto cuesta porque eso es relativamente fácil de medir, comparar y estandarizar, pero incorporar el valor social genera resistencias por el miedo a introducir subjetividad?, advirtió Isolina Riaño, vicepresidenta del Comité de Ética de España y especialista del Hospital Universitario Central de Asturias.
Autonomía, dignidad y productividad
Desde la perspectiva de los pacientes, Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, defendió que la evaluación del valor social debería contemplar parámetros como:
- La autonomía y dignidad del paciente
- La capacidad funcional y la independencia en la vida diaria
- El impacto en cuidadores y familias
- La repercusión en la productividad laboral
No obstante, Lorenzo advirtió de que el reto no es solo incorporar estas variables, sino decidir qué peso tendrán en el proceso de evaluación y quién asumirá la toma de decisiones finales.
No obstante, Lorenzo advirtió de que el reto no es solo incorporar estas variables, sino decidir qué peso tendrán en el proceso de evaluación y quién asumirá la toma de decisiones finales. ?Si incluimos aspectos sociales, pero sigue siendo únicamente la Administración sanitaria la que decide, corremos el riesgo de que el factor económico vuelva a ser el determinante principal en la aprobación de los medicamentos?, señaló.
Del discurso a la práctica
Uno de los principales temores compartidos por los expertos es que el debate sobre el valor social se quede en el plano declarativo. Así lo expresó Alfredo García-Layana, director del Departamento de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra. ?El gran miedo es que esto se quede en una declaración de intenciones y no se concrete en el cómo. Necesitamos que se traslade de forma objetiva y cuantificable?, afirmó.
En este sentido, García-Layana defendió el uso de herramientas como el análisis de decisión multicriterio o el retorno social de la inversión (SROI). Aunque reconoció que pueden añadir complejidad al proceso, subrayó que permitirían una evaluación más justa, equitativa y alineada con una sanidad sostenible.
Profesionales y pacientes, piezas clave
La jornada también puso de relieve la importancia de integrar de forma activa a profesionales sanitarios y pacientes en la evaluación de tecnologías. Según Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los sanitarios aportan tanto el conocimiento científico como la experiencia directa con los pacientes, lo que les sitúa en una posición clave para valorar el impacto real de los tratamientos.
Para cerrar el encuentro, Jaime Espín propuso comenzar de forma progresiva, midiendo el valor social de medicamentos dirigidos a patologías pediátricas, Alzheimer y Parkinson, ámbitos en los que existe un consenso claro sobre su impacto más allá del sistema sanitario.
Un primer paso, coinciden los expertos, para avanzar hacia un modelo de evaluación que no solo mida costes y eficacia, sino también dignidad, autonomía y bienestar social.
