Con motivo del 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Nacional) han presentado la campaña #SumandoCuidados para visibilizar las desigualdades que persisten en el acceso a la salud y los tratamientos de las personas con discapacidad en España.
En el marco de esta iniciativa, ambas entidades han dado a conocer los resultados de dos estudios que evidencian las graves brechas estructurales, territoriales y económicas del sistema sanitario español. Se trata del ‘Informe sombra en el marco de la revisión periódica de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad: La brecha de derechos en salud de las personas con discapacidad física y orgánica’ y el ‘Estudio sobre los factores condicionantes del acceso a tratamientos y terapias adecuadas en las personas con discapacidad física y orgánica en España’.
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Los estudios revelan que las personas con discapacidad física y orgánica se enfrentan a múltiples barreras estructurales que vulneran su derecho a la salud, recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008. Entre las principales dificultades destacan la falta de accesibilidad física y digital, las desigualdades entre territorios, los copagos elevados, la carencia de recursos de salud mental, la falta de continuidad asistencial y una visión biomédica que deja fuera aspectos clave del bienestar integral.
Uno de los datos más alarmantes del estudio es que el 89,4 % de las personas encuestadas no acceden a servicios de rehabilitación a través de la sanidad pública, y el 84,7 % no lo hace por ninguna otra vía. Además, el 88,5 % no cuenta con apoyo psicoterapéutico. A ello se suma que más del 10 % de los participantes asegura haberse sentido discriminado en los servicios sanitarios.
Sobrecostes y falta de formación
“No se puede hablar de un sistema sanitario justo si las personas con discapacidad seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos que necesitamos”, ha denunciado Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, quien ha subrayado la necesidad urgente de transformar el sistema de salud bajo los principios de accesibilidad, equidad, calidad y universalidad que establece la Convención.
Los sobrecostes derivados de los copagos y la falta de financiación de medicamentos esenciales, especialmente en el caso de enfermedades crónicas o raras, representan otro obstáculo importante que limita el acceso a los tratamientos. Asimismo, el estudio denuncia la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo, la escasez de recursos humanos y materiales para atender adecuadamente a este grupo poblacional y su exclusión en programas de salud pública.
“Desde las asociaciones federadas reivindicamos el establecimiento de protocolos médicos específicos para las personas con espina bífida en todo el territorio nacional, de modo que cada comunidad autónoma los garantice y mejore. Es imprescindible asegurar una atención sanitaria coordinada y de calidad”, ha reclamado Carmen Gil, presidenta de FEBHI.
Reformas urgentes para garantizar derechos
A partir de los resultados obtenidos, FEBHI y COCEMFE han planteado una serie de propuestas concretas para abordar las desigualdades detectadas y garantizar el derecho a la salud en condiciones de equidad para las personas con discapacidad. Entre ellas destacan:
- Eliminar barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios.
- Asegurar la equidad territorial en el acceso a tratamientos, dispositivos de apoyo y rehabilitación.
- Reforzar los recursos de salud mental y atención psicológica.
- Garantizar la asequibilidad de medicamentos esenciales.
- Formar adecuadamente al personal sanitario para ofrecer una atención inclusiva y respetuosa.
La campaña #SumandoCuidados, promovida por COCEMFE y financiada mediante las subvenciones del 0,7 % del IRPF gestionadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca concienciar a la sociedad sobre estas brechas y reclamar el cumplimiento efectivo de la Convención de la ONU.
La iniciativa también está alineada con el I Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad, y responde al objetivo de mejorar la calidad de vida y el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en todo el país.
En definitiva, FEBHI y COCEMFE lanzan un mensaje claro: garantizar el derecho a la salud para las personas con discapacidad no es una opción, es una obligación legal y ética. La equidad en salud es un compromiso que debe traducirse en acciones concretas, reformas estructurales y una atención centrada en la dignidad de cada persona.
