Unidos por la salud

Pertenece y transforma la comunidad de pacientes

Vivir con epilepsia implica mucho más que controlar la aparición de crisis. La enfermedad puede repercutir en el bienestar emocional, la educación, el empleo, las relaciones sociales y la vida familiar, mientras que cuidadores y familiares asumen también una carga que puede traducirse en estrés, dificultades económicas y cambios en su vida cotidiana. Ante esta realidad, las asociaciones de pacientes reclaman que la atención tenga en cuenta todas estas dimensiones y que las necesidades de las personas afectadas tengan mayor peso en las decisiones sanitarias.

Representantes de la Unión Galega de Epilepsia (UGADE), la Asociación de Personas con Epilepsia de Castilla y León (ASPECYL), la Asociación Aragonesa de Epilepsia (ASADE), Guerreros Púrpura y la Associació Menorquina d’Epilèpsia (AMEP), junto con la Federación Española de Epilepsia (FEDE), han puesto en común experiencias, necesidades y buenas prácticas en el marco del proyecto ‘EpiClave, papel del asociacionismo en epilepsia’.

La iniciativa, impulsada por Angelini Pharma, ha analizado la situación de las entidades participantes y el contexto asistencial de cinco territorios para identificar tanto las dificultades que encuentran los pacientes como los retos que afrontan las propias organizaciones para continuar desarrollando su labor.

Una atención integral para las personas con epilepsia

En España, cerca de 500.000 personas viven con epilepsia y entre el 30% y el 40% de los pacientes continúa experimentando crisis pese a haber recibido al menos dos tratamientos previos, según los datos recogidos por la iniciativa.

La persistencia de las crisis es especialmente relevante en la epilepsia farmacorresistente, pero las asociaciones insisten en que las necesidades de los pacientes no pueden medirse exclusivamente desde una perspectiva clínica.“Es necesario avanzar hacia un modelo en el que la persona con epilepsia sea entendida de una manera global. La epilepsia no tiene únicamente una dimensión sanitaria: puede tener repercusiones educativas, laborales, sociales, emocionales y familiares que requieren respuestas coordinadas”, explica Laura Marcos, coordinadora de ASPECYL.

Para conseguirlo, considera esencial reforzar la colaboración entre asociaciones, federaciones, profesionales sanitarios, administraciones y otros agentes. El objetivo, señala, debe ser conseguir que los avances estratégicos terminen convirtiéndose “en mejoras concretas en la calidad de vida de las personas con epilepsia y sus familias”.

Esta participación de los pacientes está también contemplada en el Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y otros Trastornos Neurológicos 2022-2031 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve la implicación de las personas con epilepsia, sus familias y sus organizaciones en ámbitos como las políticas públicas, la planificación y prestación de servicios, el seguimiento y la investigación.

Desigualdades territoriales y dificultades en el seguimiento

El análisis realizado por las entidades participantes apunta también a la existencia de desigualdades territoriales en el acceso a recursos especializados. A ello se suma una presión asistencial que puede generar tiempos de espera prolongados y dificultar procesos importantes para los pacientes, desde el diagnóstico hasta el ajuste de los tratamientos y la continuidad del seguimiento.

En este escenario, las asociaciones desempeñan una función que trasciende la representación de los pacientes. Ofrecen información y recursos, crean espacios de apoyo entre personas que atraviesan situaciones similares, acompañan a las familias y trabajan para combatir el estigma que todavía rodea a la epilepsia.

Precisamente, una de las necesidades identificadas es reforzar la colaboración de estas organizaciones con los profesionales sanitarios y las instituciones para trasladar de forma más efectiva los problemas que encuentran pacientes y familias en su vida cotidiana.

Las entidades reconocen, al mismo tiempo, que necesitan fortalecerse para poder mantener y ampliar esta labor. El análisis identifica tres grandes desafíos compartidos: aumentar y movilizar su base social, mejorar su visibilidad y comunicación y garantizar la continuidad de los servicios que prestan. La incorporación de nuevos socios y su participación activa resulta especialmente importante entre los más jóvenes. Conseguir su implicación permitiría ampliar la representación de las organizaciones y facilitar un relevo generacional que garantice su continuidad.

Otro desafío es ganar presencia, especialmente en el entorno digital. Una mayor visibilidad puede permitir que personas que acaban de recibir un diagnóstico o familias que necesitan ayuda conozcan los recursos existentes y encuentren más fácilmente una asociación a la que acudir.

La sostenibilidad de las actividades constituye el tercer gran reto. Mantener de forma estable los servicios que utilizan pacientes, cuidadores y familias requiere recursos y estructuras capaces de garantizar su continuidad. A estas necesidades se añaden otras como ampliar la presencia de las asociaciones fuera de sus principales localidades, adaptar los servicios a los distintos perfiles de pacientes, disponer de voluntariado estable y contar con espacios físicos de referencia.

Compartir soluciones entre territorios

Para la presidenta de FEDE, Elvira Vacas, la puesta en común de experiencias puede ayudar a que las organizaciones encuentren respuestas a problemas que se repiten en diferentes lugares.“Aunque cada asociación trabaja en una realidad territorial diferente, existen necesidades y retos compartidos”, señala.

Por ello, considera especialmente útil conocer las iniciativas que están dando resultados en otras comunidades. “El intercambio permite conocer qué está funcionando en otros territorios, compartir buenas prácticas y evitar que cada entidad tenga que buscar soluciones de manera aislada”, añade.

El diagnóstico realizado por las asociaciones muestra así una doble necesidad: mejorar la respuesta sanitaria y social que reciben las personas con epilepsia y, al mismo tiempo, reforzar a las organizaciones que las acompañan. Un movimiento asociativo con mayor capacidad de actuación puede contribuir no solo a prestar apoyo en el día a día, sino también a conseguir que la experiencia de pacientes y familias tenga un papel más relevante a la hora de definir cómo debe abordarse la epilepsia.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado su Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y en el que, entre otros muchos temas, denuncia la desprotección y las violencias que sufren sistemáticamente y en diversos ámbitos de la vida, las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. Lo hace a partir de los resultados del Estudio GEA sobre la gestión del empoderamiento y la accesibilidad en derechos de las mujeres y niñas con problemas de salud mental en España’, elaborado por la misma Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Dicho estudio alerta de una “clara vulneración de los derechos sociales en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, adolescentes y niñas con problemas de salud mental” y denuncia que la sociedad y los servicios públicos, a menudo, transforman sus necesidades en patologías o diagnósticos psiquiátricos, ejerciendo violencia estructural sobre sus vidas.

Así, el documento visibiliza, entre otras, las violencias institucionales, la invalidación de la maternidad, la invisibilización de su sexualidad, la limitación de su autonomía económica, o la dificultad para mantener relaciones afectivas y cuidados seguros.

Tal es el estado de inseguridad en el que se encuentran las mujeres con problemas de salud mental, queel 40% de ellas declara haber vivido violencia física o psicológica por parte de su círculo cercano (amistades, familiares), el 35% por parte de parejas o exparejas y el 19% por parte de personas desconocidas.

Frente a estos datos, en el Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2025 se advierte del “muy alto nivel de correlación entre las violencias desde el inicio de la vida y cómo se van encadenando con los malestares de salud mental e incluso con algunos problemas de salud mental graves. Es muy difícil hablar de vida sin violencia en mujeres con problemas de salud mental. Esta correlación se da siempre”.

La feminización de la pobreza es otra de las barreras persistentes que se destaca en el informe, una circunstancia que afecta irremediablemente a la autonomía y calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. Según el estudio GEA, el 84% de las mujeres con problemas de salud mental se ha mudado en los últimos años por no poder pagar el alquiler o la hipoteca. Se observan, además, mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por una falta de derivación a servicios sociolaborales de formación y capacitación para las mujeres y niñas, debido al diseño androcéntrico de los servicios y la distribución desigual de tareas por razón de género y las dificultades de conciliación.

Sesgos en la atención profesional

El informe también pone de relieve los datos recogidos por el estudio GEA en cuanto al abordaje que hacen las y los profesionales de la salud mental cuando enfrente tienen a una mujer, una adolescente o una niña. La mayoría de las y los profesionales admite tener un sesgo de género. Por ejemplo, el 74% ha identificado medicaciones inadecuadas y/o excesivas, y el 85% considera que los servicios existentes no dan respuesta a todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental”.

Esta percepción tiene correlación con las vivencias de las mujeres, entre las que el 41% declara llevar más de 6 años sin revisión en sus pautas de medicación, el 67% dice no haber recibido información suficiente acerca de los efectos secundarios de su tratamiento y el 65% no fue informada sobre tratamientos alternativos.

Además, el 21% ha sido ingresada alguna vez (de ellas, el 37% de forma involuntaria), mientras que el 51% ha sufrido malos tratos durante el ingreso.

Para Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, estos datos revelan “las carencias en la consideración y atención de las mujeres con problemas de salud mental”, pero, al mismo tiempo, “son una guía para avanzar en el camino hacia el imprescindible cambio de paradigma”, un cambio que “habrá de hacerse incorporando el enfoque biopsicosocial para, de este modo, aproximarse a la vida de las mujeres, niñas y adolescentes desde todos sus ángulos”. Muñoz Escandell señala también que se trata de un reto no solo para las y los profesionales, sino también para el conjunto de la ciudadanía, “porque es nuestra responsabilidad, tanto individual como colectiva, construir sistemas más justos y humanos”.

La IA, riesgos y potenciales beneficios

Otro de los aspectos que aborda el ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025’ es la llegada de la inteligencia artificial (IA) al ámbito de la salud mental. En este sentido, la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación ha estudiado algunas propuestas elaboradas por otras entidades, como la de Mental Health Europe, titulada ‘Inteligencia artificial y salud mental’. En este estudio sehace un análisis de las oportunidades y riesgos que supone una atención a la salud mental en la que se recurra al uso de esta tecnología se presentan una serie de reflexiones acerca de la ética profesional y el respeto a los derechos de las personas con problema de salud mental.

El estudio destaca también que “la sanidad es uno de los sectores más populares para el despliegue de la IA en la Unión Europea”, empleándose tanto para tareas administrativas, como de apoyo a la toma de decisiones profesionales, terapias digitales y tecnologías de detección personal, y seguimiento de personas con problemas de salud mental.

Aunque reconoce potenciales beneficios, como “la mejora de la accesibilidad a la asistencia en salud mental, en particular para las poblaciones desatendidas, y la reducción de las cargas administrativas en los sistemas sanitarios”, a nivel individual, advierte de “riesgos de seguridad, violaciones de la privacidad y consentimiento informado inadecuado, refuerzo de las desigualdades o la creación de otras nuevas, la vigilancia excesiva, el refuerzo de las visiones individualistas de la salud mental, la despersonalización de la atención y el desvío de recursos limitados”.

Además, “está el efecto de la IA sobre jóvenes, adolescentes, niños y niñas”, según alerta el informe de la Confederación, a partir de las conclusiones del ‘VII Informe de Acoso Escolar en Centros Educativos’, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, a partir de los datos analizados durante curso escolar 2024-25, y del testimonio de 8.781 estudiantes y 355 docentes.

Según este documento, en el último curso escolar han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial (IA) para llevarlos a cabo. La IA ya se usa en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, más por chicos (60%) que por chicas (40%). Se utiliza, principalmente, para crear videos falsos a partir de la manipulación de la foto, video o audio de un compañero o compañera (54,8%) o para suplantar su identidad (32,2%). Las principales plataformas por las que se distribuyen estos contenidos entre las y los menores de edad son WhatsApp, Instagram, TikTok y videojuegos.

Al calor de estos datos, y aún conscientes de que el desarrollo de la IA va mucho más rápido que la reacción humana, desde la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación se plantea la urgencia de que las Administraciones y los Estados se pongan manos a la obra para hacer “investigaciones sólidas que determinen riesgos y beneficios reales y regular a partir de ahí”.

Logros en los tribunales europeos

En plena sala de espera para ver qué ocurre en Europa con la aprobación o no del Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por un ingreso involuntario en el que se vulneró el derecho a la asistencia letrada. La condena contempla una indemnización de 5.000 euros en concepto de daños morales, más 7.000 euros de costas procesales, a un hombre que en 2021 fue ingresado involuntariamente en un hospital psiquiátrico, sin ser escuchado con las debidas garantías, sin contar con asistencia letrada y tras un examen médico que, según se ha podido constatar, no cumplió los requisitos mínimos de rigor y objetividad para fundamentar su privación de libertad.

Para Muñoz Escandell, “esta sentencia supone un paso adelante en la consecución del efectivo ejercicio de los derechos de las personas con problemas de salud mental. La eficiencia, la falta de medios o, simplemente, la costumbre, pueden pasar por encima de tales derechos, asentando estructuras que perpetúan un enfoque esencialmente capacitista y que deja poco margen para explorar la sostenibilidad de otros sistemas verdaderamente posibles. Los modelos basados en la maximización de la rentabilidad tampoco ayudan y, muchas veces, las carencias y automatismos mencionados tienen su base en este tipo de sistemas. La sentencia es valiosa en este sentido, porque sitúa en el centro a la persona, y apunta hacia una realidad que, muchas veces, no se vislumbra: en contextos de ingreso involuntario hay formas de actuar más respetuosas con la dignidad y derechos de las personas con problemas de salud mental que muchas prácticas consolidadas que, de tan repetidas, apenas se cuestionan”.

En este sentido, el informe también se alinea con el Grupo de Investigación NURSEARCH, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona y su estudio publicado en la revista Journal of Clinical Nursing, en el que se pone el foco en la percepción de la calidad de los cuidados como factor que puede marcar una gran diferencia en la atención a la salud mental. Este estudio demuestra con datos que mejorar la calidad percibida de los cuidados tiene un impacto real en la vivencia de las personas hospitalizadas y, para lograrlo, es importante impulsar la proximidad diaria del personal de enfermería, facilitar espacios seguros, favorecer la confianza y promover una atención libre de coerción.

Accesibilidad psicosocial, una asignatura pendiente

Un año más, la Confederación denuncia en su ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental’ la ausencia de reconocimiento expreso en nuestras normas de la accesibilidad psicosocial, lo que conlleva la proliferación de barreras para que las personas con problemas de salud mental y/o discapacidad psicosocial puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás.

“La falta de conciencia sitúa a las personas con problemas de salud mental en el terreno de la excepción, ya que las necesidades específicas en materia de accesibilidad sí están contempladas por nuestra normativa para el resto de las personas con discapacidad”, afirma Muñoz Escandell. “Esta exclusión constituye una discriminación tan consolidada que apenas se percibe como discriminación. Sencillamente, no se ve y tiene como efecto toda una serie de discriminaciones en cascada que afectan a los más diversos ámbitos de la vida de la persona”.

Entre las consultas y demandas que llegan al Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, se mantiene la tendencia de años anteriores, donde predominan las que realizan las mujeres que tienen un familiar con un problema de salud mental (52%), frente a los hombres (48%). El 69% de las consultas procedió de personas con problemas de salud mental, y aquí los hombres sí superaron a las mujeres (56% vs. 44%).

En cuanto a las áreas sobre las que se realizan las consultas, la mayoría (39%) está relacionada con asuntos civiles (ingresos involuntarios, contratos de vivienda, curatelas, etc.), seguidas por la vulneración de uno o varios derechos (29%), cuestiones administrativas (21%), temas laborales (9%) y asuntos penales o penitenciarios (2%).

La investigación, la genómica, el diagnóstico precoz y el acceso a las nuevas terapias han centrado el XI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en Sevilla. Durante dos jornadas, pacientes, investigadores, profesionales sanitarios, administraciones e industria analizaron cómo conseguir que los avances científicos no se queden en el laboratorio, sino que lleguen de forma efectiva a las personas con enfermedades raras y a sus familias, con independencia de dónde vivan o de la patología que tengan.

El encuentro reunió presencialmente a más de 250 asistentes, de los que 150 eran representantes del movimiento asociativo. De hecho, la participación de los pacientes ha sido una de las premisas del programa, ya que desde la propia federación se ha considerado necesario que quienes conviven con estas enfermedades formen parte, siempre que sea posible, de este tipo de acciones. Y es que, con su experiencia de vida, pueden ayudar a transformar su realidad.

Según datos de FEDER, en España hay más de 3,4 millones de personas que viven con una enfermedad rara. El tiempo medio hasta obtener un diagnóstico ronda los seis años y solo aproximadamente el 6% de estas patologías dispone de un tratamiento específico. Así lo explicó el presidente de FEDER y de su Fundación, Juan Carrión, que indicó que uno de los principales retos del colectivo es conseguir que el conocimiento recorra de forma ágil todo el camino «desde el laboratorio hasta la consulta» y, desde ahí, hasta la vida de las personas.

Nuevas posibilidades

La primera jornada estuvo dedicada en buena medida a mostrar cómo distintas líneas de investigación están generando nuevas posibilidades terapéuticas. Los participantes presentaron trabajos basados en modelos celulares, terapia génica y otras aproximaciones destinadas a comprender mejor enfermedades para las que todavía existen importantes necesidades clínicas.

Entre ellas estuvieron los estudios sobre la enfermedad de Lafora, nuevas estrategias de terapia génica para el sarcoma de Ewing y la evolución de las terapias génicas en enfermedades raras de la sangre, como la anemia de Fanconi. El debate puso además sobre la mesa el papel del paciente desde las primeras fases de la investigación y la necesidad de reforzar la colaboración entre personas afectadas, investigadores, profesionales, administraciones e industria.

Diagnóstico

El segundo gran eje fue el diagnóstico. La aplicación de tecnologías genómicas, la conexión de datos y la colaboración entre centros pueden contribuir a reducir el tiempo que muchas personas permanecen sin saber qué enfermedad tienen, pero los participantes insistieron en que disponer de la tecnología no basta por sí solo.

La mesa dedicada a esta cuestión abordó proyectos como Impact-Genómica, Erdera o Cringenes, centrado este último en el potencial del cribado genómico neonatal. También se presentó una iniciativa dirigida a encontrar respuestas para personas que siguen sin diagnóstico. El reto, según las conclusiones del encuentro, es conseguir que estas herramientas puedan incorporarse de manera efectiva a la práctica clínica. Para ello hacen falta profesionales formados, capacidad de análisis e interpretación de los datos y circuitos asistenciales adecuados.

Además, el congreso puso el foco en una de las preocupaciones más habituales del movimiento asociativo: que el lugar de residencia termine condicionando las oportunidades diagnósticas. Los ponentes estuvieron de acuerdo en afirmar que la colaboración entre centros, las redes de conocimiento y el uso compartido de datos pueden contribuir a reducir estas diferencias territoriales.

Isabel Motero, directora general de FEDER y conductora del encuentro / Somos Pacientes

Acceso a las terapias

La segunda jornada estuvo dedicada, entre otros asuntos, al acceso y la equidad en medicamentos huérfanos y terapias avanzadas, con especial atención al valor social de los tratamientos, la generación de evidencia, los nuevos modelos de evaluación y la perspectiva de los pacientes. El programa también abordó iniciativas como Únicas, del Hospital Sant Joan de Déu, las Redes Europeas de Referencia y Orphanet, que buscan favorecer la creación de centros de referencia y que sea el conocimiento el que viaje, que no sean siempre los pacientes quienes tengan que desplazarse.

La necesidad de mejorar el acceso se relaciona además con la actualización de la estrategia estatal de enfermedades raras, pendiente de aprobación, que incorpora conceptos como equidad, acceso a tratamientos, valor y sostenibilidad, junto con el uso de datos y herramientas de genética y genómica.

El congreso concluyó con la idea de que la innovación científica solo alcanza todo su valor cuando se convierte en una oportunidad real de diagnóstico, tratamiento y mejora de la calidad de vida. Para FEDER, ese recorrido debe contar con las personas con enfermedades raras y sus familias en todas sus etapas, desde la investigación hasta la aplicación clínica, para que los avances no dependan ni de la patología ni del código postal.

Las principales organizaciones estatales de pacientes han reclamado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que la futura Ley de Organizaciones de Pacientes convierta su participación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en un derecho efectivo y estable, y no en una posibilidad que dependa de la voluntad de cada Ejecutivo. La sesión parlamentaria permitió a representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), del Foro Español de Pacientes (FEP) y de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) trasladar sus principales propuestas para modificar y reforzar el proyecto durante su tramitación.

Las intervenciones coincidieron en tres grandes demandas: una definición jurídica clara de qué es una organización de pacientes, mecanismos que garanticen una participación real en los órganos donde se toman las decisiones y recursos suficientes para que las entidades puedan asumir las funciones que la futura norma pretende reconocerles. La formación de sus representantes y la creación de un censo estatal fueron también algunos de los asuntos destacados durante la jornada.

Participar por derecho

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, defendió que uno de los elementos fundamentales de la nueva legislación debe ser precisamente acabar con una participación basada en invitaciones puntuales.

«Llevamos muchos años participando gracias a la voluntad. Ahora debemos participar por derecho«, resumió durante su comparecencia. Para Escobar, la definición que la ley haga de las organizaciones de pacientes resulta esencial para determinar quién puede ejercer esa representación ante las administraciones y evitar que entidades que no están gobernadas por pacientes o familiares sean equiparadas a ellas.

La presidenta de la POP vinculó además el reconocimiento jurídico de las organizaciones con su capacidad para intervenir desde las primeras fases de elaboración de las políticas sanitarias, cuando todavía exista margen para modificar las decisiones. También reclamó vías objetivas de financiación pública que permitan mantener la independencia y la capacidad de trabajo del movimiento asociativo.

El proyecto actualmente en tramitación parlamentaria contempla la presencia permanente de ocho representantes de organizaciones de pacientes en el Comité Consultivo del SNS, además de su posible incorporación a otros órganos vinculados con la evaluación y adopción de innovaciones y tecnologías sanitarias.

Enfermedades raras

La representante de FEDER, Miriam Torregrosa, coordinadora de ayudas al movimiento asociativo en esta organización, puso el foco en las particularidades del movimiento asociativo de enfermedades raras. La baja prevalencia individual de muchas de estas patologías hace que sus organizaciones puedan ser pequeñas en número de asociados, aunque acumulen un gran conocimiento especializado y representen a un colectivo que reúne a 3 millones de personas sólo en España.

Torregrosa reclamó que la disposición específica sobre enfermedades raras incluida en el proyecto se mantenga durante la tramitación. «Las enfermedades raras son una realidad minoritaria en términos de prevalencia, pero no en número de personas ni en sus derechos», afirmó.

Para FEDER, además, el reconocimiento de la participación debe traducirse en capacidad de trabajo efectiva. «Para nosotros participar no significa estar presentes, queremos trabajar», señaló. Por ello, identificó como espacios prioritarios la mesa de participación y la evaluación de tecnologías sanitarias, donde las organizaciones consideran especialmente importante aportar su experiencia sobre el impacto real de las decisiones en la vida de las personas.

Torregrosa también reclamó que los requisitos administrativos y de transparencia sean proporcionales a la capacidad de las entidades, para evitar que la carga burocrática termine dejando fuera a las organizaciones más pequeñas. También pidió indicadores que permitan conocer cuál es el impacto efectivo de las aportaciones de los pacientes en las decisiones sanitarias.

Formación y financiación

Por su parte, el presidente del FEP, Andoni Lorenzo, centró su intervención en la necesidad de dotar al movimiento asociativo de herramientas para asumir el creciente nivel de complejidad de las políticas sanitarias. También insistió en que la participación no puede convertirse en una presencia meramente testimonial: «Para que esas intervenciones no sean un complemento decorativo ni un brindis al sol, requieren de una capacidad, de un conocimiento y de recursos».

En este sentido, reclamó una financiación pública estable y continuada, basada en criterios objetivos y compatible con la independencia de las entidades. Y recalcó la necesidad de introducir el conocimiento experiencial de los pacientes en la toma de decisiones.

«Una cosa es conocer una enfermedad desde la evidencia, otra es tratarla desde la práctica clínica y otra igualmente necesaria es saber lo que significa convivir de manera obligada con ella», señaló. Y añadió: «Esta ley lo que tiene que hacer es garantizar. No tanto reforzar ni promover».

Otro punto destacado por el Foro Español de Pacientes fue la necesidad de crear un censo estatal específico de organizaciones de pacientes, plasmado en el proyecto de ley que se está valorando. «Ahora mismo estamos en un registro donde están otras asociaciones que nada tienen que ver con la salud. Es muy importante un censo porque va a permitir a toda la administración saber dónde están las asociaciones, a qué colectivos representan, qué patologías les afectan, a poder identificarlas, poder trabajar con ellas», explicó.

Tramitación

El Proyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de junio y comenzó su tramitación en el Congreso poco después. Tras cerrarse el plazo de enmiendas a la totalidad, el proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario, con la posibilidad de incorporar modificaciones mediante enmiendas parciales. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señalaba recientemente que espera que la tramitación avance con rapidez.

La futura ley pretende establecer por primera vez un marco jurídico específico para las organizaciones de pacientes y consolidar su participación en el SNS. El texto contempla, entre otras medidas, su presencia permanente de ocho representantes en el Comité Consultivo del SNS, participación en planes y estrategias sanitarias, un Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes y la consolidación de la Mesa para la Participación de los Pacientes.

En este contexto, el Partido Popular, principal agrupación política en la oposición, ya ha asegurado que no presentará una enmienda a la totalidad al proyecto, aunque prevé plantear enmiendas parciales durante la tramitación. Es decir, el contenido definitivo de la ley dependerá de las modificaciones que puedan acordarse y aprobarse en las siguientes fases parlamentarias.

  • Puedes escuchar aquí la comparecencia de las tres organizaciones de pacientes:

Comienza la cuenta atrás para mandar las últimas candidaturas a los XII Premios Somos Pacientes. Las organizaciones que todavía estén pensando en presentar su proyecto tienen todavía unas cuantas horas para hacerlo, porque el plazo extraordinario de esta edición finalizará el próximo domingo 20 de septiembre a las 23.59 horas (hora peninsular). ¿Cuál es el objetivo? Dar visibilidad a aquellos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de pacientes, personas con discapacidad u otra condición, y a sus cuidadores.

Bien a través del cuidado y del apoyo externo, bien con fomentando su participación en su autocuidado, bien con el impulso de la divulgación y de la investigación de nuevos tratamientos y procesos asistenciales. Y siempre con iniciativas que se hayan puesto en marcha entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Es importante recordar que pueden concurrir tanto asociaciones de pacientes como otro tipo de entidades, cada una en una categoría diferenciada. No importa que no sean grandes programas ni proyectos con una enorme estructura detrás. Todas las iniciativas que centren sus objetivos en mejorar la vida del paciente tienen cabida en esta edición, impulsada un año más desde la Fundación Farmaindustria a través de Somos Pacientes.

La voz de los usuarios

Una vez cerrado el plazo, comenzará la evaluación de las propuestas y se realizará una selección de seis finalistas por subcategoría. Los 18 finalistas de la categoría Pacientes concurrirán además en la subcategoría de Iniciativa favorita de los usuarios de Somos Pacientes. Estad muy atentos a nuestra web, redes sociales y newsletter, porque a principios del mes de octubre se abrirán las votaciones online para que todos los usuarios de nuestra plataforma puedan votar por el proyecto más interesante.

Conoceremos a este y al resto de ganadores en la entrega de premios que se realizará en Madrid el 1 de diciembre de 2026, en un encuentro especial para el entorno asociativo.

Así que, recuerda, si todavía no has presentado tu candidatura, aún estás a tiempo. El plazo termina este domingo 20 de septiembre. No dejéis que vuestro proyecto caiga en el olvido y presentadlo antes de que acabe. Para hacerlo, sólo tenéis que seguir los pasos que se marcan en nuestra plataforma.

¡Os esperamos!

Con la llegada de septiembre y el inicio del nuevo curso escolar, las familias retoman horarios y rutinas y comienzan los preparativos para la vuelta a las aulas. Más allá de los útiles escolares, el comienzo del curso constituye también un buen momento para revisar que los niños tienen al día sus vacunas y comprobar si existe alguna dosis pendiente, según las recomendaciones vigentes.

«Las vacunas no solo protegen a nuestros hijos, sino también a los profesores, padres, abuelos, vecinos… Vacunar es un acto de responsabilidad individual y, al mismo tiempo, un compromiso con la salud de toda la comunidad», señala la Dra. Natalini, pediatra de HM Hospitales.

Esta medida desempeña un papel fundamental en la prevención de numerosas enfermedades infecciosas y contribuyen no solo a proteger a los propios niños, sino también a reducir la transmisión entre las personas de su entorno. Por ello, los especialistas de HM Hospitales recuerdan la importancia de revisar el calendario de vacunación antes del inicio de las clases y consultar cualquier duda con el pediatra o profesional sanitario de referencia.

Mantener actualizado el calendario de vacunación

Gracias a la vacunación se ha conseguido prevenir numerosas enfermedades, erradicar algunas de ellas y reducir de forma significativa la incidencia y las complicaciones de muchas otras. Mantener las coberturas vacunales es, por tanto, una de las principales herramientas para preservar estos avances en salud pública.

Sin embargo, en los últimos años se han observado brotes de enfermedades, como el sarampión y la difteria, que habían alcanzado niveles muy bajos gracias a la vacunación. En este contexto, la disminución de las coberturas vacunales, junto con la difusión de información falsa o no contrastada, puede favorecer la reaparición de estas enfermedades.

«Ante cualquier duda sobre las vacunas, es fundamental consultar con nuestro pediatra o con los profesionales sanitarios de referencia y basarnos siempre en información científica y contrastada. Las decisiones sobre la vacunación deben tomarse a partir de fuentes fiables y de las recomendaciones sanitarias vigentes», explica la especialista.

Algunas novedades en el calendario de vacunación

El calendario de vacunación se actualiza periódicamente para adaptarse a las recomendaciones vigentes y a la evidencia disponible. Entre los cambios recientes se encuentra el adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple vírica, frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis, de los 4 a los 3 años. Asimismo, se ha incorporado el refuerzo frente al meningococo B durante la adolescencia, siguiendo las recomendaciones vigentes.

«Comenzar el curso con la vacunación al día es una forma sencilla de proteger a nuestros hijos y contribuir a proteger también a quienes les rodean. Ante cualquier duda, lo recomendable es acudir al pediatra y revisar individualmente las necesidades de cada niño», aclara la Dra. Natalini

La vacunación infantil tiene un impacto que va más allá de la protección individual. Al reducir la circulación de determinados agentes infecciosos, contribuye también a proteger a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, pueden presentar una mayor vulnerabilidad.

Además, con la llegada del otoño, no hay que olvidar la vacunación frente a la gripe. En este sentido, la especialista recuerda que los niños se vacunan frente a la gripe durante el mes de octubre, de acuerdo con las recomendaciones establecidas. Las vacunas incluidas en el calendario oficial de vacunación son gratuitas.