Hace unos días, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) decidía no financiar dos nuevas terapias autorizadas en Europa, capaces de ralentizar la progresión del alzhéimer en pacientes que se encuentran en fases iniciales. Una determinación que ha llegado en vísperas del Día Mundial del Cerebro (22 de julio) y que está siendo muy cuestionada tanto por la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) como la Sociedad Española de Neurología (SEN). Ambas han mostrado su desacuerdo con esta decisión, al considerar que limita el acceso a una innovación respaldada por la evidencia científica y genera desigualdades entre los pacientes.
En concreto, el presidente de la SEN, Jesús Porta-Etessam, ha expresado su «profundo pesar» y «preocupación» por la decisión adoptada, al entender que impide que los pacientes puedan beneficiarse de unos tratamientos que cuentan con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras haber demostrado un balance favorable entre eficacia y seguridad.
Según explica la sociedad científica, la negativa a financiar estas terapias supone que su utilización quede restringida, en la práctica, al ámbito privado. «Restringir el acceso a estos tratamientos a la prescripción privada introduce una barrera económica que vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud», advierte Porta-Etessam, quien considera que esta situación puede generar diferencias en función de la capacidad económica de los pacientes y sus familias.
Petición al Ministerio de Sanidad
A esta reclamación se ha sumado Hub Alzheimer Barcelona (HUB), que ha enviado una carta abierta al Ministerio de Sanidad, a las diferentes consejerías de salud regionales y al CIPM para que reconsideren esta decisión. Aunque sus miembros son conscientes de que no se trata de una cura, aseguran que su balance beneficio-riesgo es favorable.
Esta organización está formada por Ace Alzheimer Center Barcelona, BarcelonaBeta Brain Research Center, Fundació Pasqual Maragall, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital del Mar y Hospital Vall d’Hebron. Desde su punto de vista, se puede llevar a cabo un plan de implementación gradual, seguro y equitativo que llegue a los pacientes que lo necesitan.
«Además, la incorporación ordenada de estos fármacos supondría la mejora de circuitos diagnósticos y redes asistenciales especializadas que no solo beneficiarían a los pacientes que reciben estos fármacos, sino a todos los pacientes con sospecha o afectados por algún tipo de deterioro cognitivo», añade el máximo representante de la SEN.
Éste ha recordado que cuentan con un documento de consenso para el uso apropiado de estos fármacos en la práctica clínica asistencial, publicado recientemente por su Grupo de Estudio de Conducta y Demencias y que incluye recomendaciones para su puesta en práctica.
La postura de CEAFA
CEAFA también ha reaccionado con dureza a la decisión. La organización considera que supone negar el acceso a «los primeros y únicos tratamientos capaces de retrasar la evolución de la enfermedad», pese a contar con el respaldo de la EMA y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Según recuerda la entidad, estas terapias ya están disponibles en más de medio centenar de países e incluso pueden administrarse en el ámbito de la sanidad privada española. A su juicio, cada semana que pasa algunos pacientes dejan de cumplir los criterios clínicos necesarios para beneficiarse de estos tratamientos, perdiendo una oportunidad que ya no podrán recuperar.
La presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, asegura que «durante años nos dijeron que no había tratamientos. Hoy los hay. Durante años nos pidieron que esperásemos a que llegara la innovación. Hoy ha llegado. Y, aun así, las administraciones vuelven a cerrar la puerta al mayor avance terapéutico frente al alzhéimer en décadas». En este sentido, CEAFA recuerda que durante el último año ha trabajado junto a las principales sociedades científicas implicadas en el abordaje del alzhéimer para preparar al Sistema Nacional de Salud ante la llegada de estas terapias.
Decálogo
Fruto de esta colaboración nació el Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el Recuerdo, suscrito junto a la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Fundación CIEN y Fundación Reina Sofía.
Entre sus propuestas figura garantizar la incorporación y financiación de estos tratamientos con criterios de equidad, evitando que el acceso dependa del lugar de residencia o del hospital de referencia. Además, todas ellas recuerdan que el alzhéimer afecta de forma directa o indirecta a más de 4,8 millones de personas en España entre pacientes y familiares cuidadores, representa más del 60% de las situaciones de dependencia y genera un enorme impacto sanitario, social y económico.


