Cuando se habla de menopausia, los sofocos suelen ser la primera imagen que viene a la mente. Sin embargo, para muchas mujeres los primeros signos de esta transición hormonal llegan de formas mucho menos evidentes: cansancio persistente, insomnio, cambios de humor, aumento de peso, sequedad o pérdida de libido. Síntomas que, con frecuencia, se atribuyen al estrés, al ritmo de vida o al envejecimiento natural, retrasando la identificación de una causa común.
Según la Radiografía de la Menopausia en España 2026, un estudio propio elaborado porDOMMA, basado en una muestra de más de 100.000 mujeres en España, la menopausia rara vez se manifiesta a través de un único síntoma. De hecho, la mujer media convive con seis síntomas simultáneos, una realidad que evidencia la complejidad de una etapa que sigue rodeada de desconocimiento.
Según los datos recabados por DOMMA, la fatiga, el aumento de peso y el insomnio afectan al 64% de las mujeres analizadas, mientras que la baja libido alcanza al 62% y la hinchazón al 55%. Los sofocos, tradicionalmente considerados el síntoma más característico de la menopausia, aparecen en el 54% de los casos. El estudio pone así de manifiesto que muchas de las molestias más frecuentes durante esta etapa son precisamente las menos asociadas a ella en el imaginario colectivo.
Una realidad invisibilizada
Esta falta de reconocimiento tiene consecuencias en el día a día. Muchas mujeres conviven durante años con síntomas que consideran problemas independientes, sin relacionarlos con los cambios hormonales propios de esta etapa.
Es el caso de Susana, que no identificó sus primeros síntomas con la perimenopausia. «Estaba experimentando fluctuaciones hormonales por inicio de perimenopausia y empezaba a tener sequedad, ojos incluidos», explica. Lejos de los sofocos que habitualmente se asocian a la menopausia, fueron cambios progresivos y aparentemente inconexos los que marcaron el inicio de esta etapa.
Una situación similar vivió Verónica, cuyos primeros síntomas tampoco respondían al estereotipo habitual. «Tenía síntomas como irritación, cansancio y sofocos que me anulaban. Ahora están más que controlados: he vuelto al gimnasio, duermo muy bien y mi día es más productivo», asegura.
Los testimonios reflejan una realidad que también aparece en los datos: la menopausia puede afectar simultáneamente al descanso, a la energía, al estado de ánimo, a la salud sexual y a la percepción del propio bienestar. Sin embargo, muchas de estas alteraciones continúan interpretándose de forma aislada.
Una experiencia diferente para cada mujer
Para Cristina Martínez, cofundadora y co-CEO de DOMMA, uno de los principales hallazgos de la Radiografía de la Menopausia en España 2026 es que no existe una única forma de vivir la menopausia.
«Hay mujeres cuya principal preocupación es el descanso, otras sufren un impacto en su bienestar emocional o en su vida sexual, y muchas afrontan varios síntomas al mismo tiempo. Entender esa diversidad es fundamental para que puedan identificar lo que les ocurre y acceder al apoyo adecuado», señala la experta.
Los datos apuntan a que la menopausia suele manifestarse de forma gradual y mediante síntomas que, considerados de manera aislada, pueden parecer ajenos a los cambios hormonales. Una circunstancia que contribuye a que siga siendo una etapa insuficientemente reconocida pese a afectar a millones de mujeres.
La Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT España) reclama al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que revisen la decisión adoptada el pasado mes de julio y aprueben la financiación del único tratamiento autorizado en Europa para esta enfermedad. La asociación confía en que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) pueda abordar de nuevo esta cuestión en su reunión prevista para el próximo 23 de septiembre.
Para las personas afectadas, la situación supone prolongar la espera en una enfermedad que puede provocar inflamación y dolor ocular, visión doble, protrusión de los ojos y, en los casos más graves, pérdida total de la vista. Además de las consecuencias físicas, la propia asociación subraya el impacto que la patología puede tener sobre la autoestima, las relaciones sociales y la actividad laboral.
Para la presidenta de la asociación, Pilar Carnicero, la posición de los pacientes es clara: «No pedimos una nueva oportunidad, exigimos que se corrija un error que ya ha costado muy caro a los pacientes». A su juicio, el 23 de septiembre representa una nueva oportunidad para resolver una situación que, según denuncia la organización, está teniendo consecuencias reales sobre personas que continúan viendo afectada su vida cotidiana por la enfermedad.
Una patología desconocida
La enfermedad ocular tiroidea es una patología autoinmune poco frecuente que puede manifestarse con síntomas muy diferentes y de intensidad variable. Entre ellos se encuentran la inflamación, el dolor, la visión doble o la protrusión ocular (cuando los globos oculares sobresalen más de lo normal). En las formas más graves puede llegar a reducir o anular la visión.
Además sus consecuencias no terminan en los síntomas físicos. EOT España destaca también el impacto emocional de una enfermedad que puede alterar el aspecto del rostro y afectar a la autoestima, la vida social y el desempeño profesional. La asociación considera que esta dimensión debe tenerse en cuenta cuando se valora el impacto de la enfermedad y las necesidades de las personas afectadas.
Declaración de Sevilla
La petición de acceso al tratamiento no es nueva. El pasado mes de mayo, EOT España llevó al Congreso de los Diputados la denominada Declaración de Sevilla, en la que reclamó un mayor reconocimiento de esta enfermedad, mejorar el diagnóstico precoz, impulsar unidades multidisciplinares y facilitar el acceso a los tratamientos.
Cuatro meses después, la asociación considera que buena parte de sus demandas continúan pendientes. En su opinión, contar con un tratamiento autorizado pero sin financiación supone mantener una distancia entre la existencia de una opción terapéutica y la posibilidad real de que los pacientes puedan beneficiarse de ella dentro del sistema sanitario.
El tratamiento al que se refiere EOT España cuenta con autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). EOT España señala asimismo que su disponibilidad está avanzando en otros países de su entorno.
«Los pacientes españoles no pueden seguir quedándose atrás cuando ya existen tratamientos capaces de mejorar su vida», afirma Carnicero, que reclama una respuesta que permita avanzar en el acceso terapéutico y dar continuidad a las reivindicaciones planteadas por la organización durante los últimos meses.
La persona sabe que tiene una enfermedad. Sin embargo, no siempre siente que quienes la rodean la vean de la misma manera. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta “Percepción social e impacto de la migraña”, impulsada por la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) en la que han participado 864 personas adultas con diagnóstico de migraña, residentes en España.
La migraña es una enfermedad neurológica compleja que afecta a más de 6 millones de personas en España, alrededor del 13% de la población, de las que 8 de cada 10 son mujeres. A pesar de su elevada prevalencia y del impacto que puede tener en la vida de quienes conviven con ella, los resultados de la encuesta muestran que todavía existe una importante distancia entre cómo las personas con migraña viven y reconocen su enfermedad y cómo sienten que es percibida por su entorno.
El 89,2% de los participantes en la encuesta se reconoce como persona con una enfermedad neurológica. Sin embargo, el 51,5% siente que su entorno percibe poco o nada la migraña como una verdadera enfermedad y solo el 12,3% considera que la percibe claramente como tal.
La distancia es todavía mayor cuando se pregunta por la comprensión de sus consecuencias: 6 de cada 10 sienten que su entorno comprende poco o nada el impacto real que la migraña tiene en su vida.
Y ese impacto es elevado. El 57,9% de los participantes afirma que durante las últimas cuatro semanas la migraña ha limitado o impedido sus actividades habituales muy frecuentemente o siempre. La afectación se extiende a todos los ámbitos de la vida: el ocio, las relaciones sociales, el trabajo, los estudios, las responsabilidades domésticas y la vida familiar.
Los resultados muestran, además, que a medida que aumenta la frecuencia de los días con dolor, aumenta también el impacto de la enfermedad. Entre las personas que declararon dolor de cabeza diario durante el último mes, casi nueve de cada diez (89,2%) señalan que la migraña ha limitado sus actividades muy frecuentemente o siempre.
Pero tener menos días con dolor no significa que la enfermedad tenga necesariamente poco impacto. Incluso entre quienes declararon entre 0 y 3 días con dolor de cabeza durante el último mes, más de la mitad señala una afectación alta en todos los ámbitos de la vida analizados.
La incomprensión de la migraña
Uno de los resultados más relevantes de la encuesta aparece al comparar los distintos tipos de migraña. Aunque el impacto de la enfermedad aumenta claramente con su frecuencia, la percepción de falta de reconocimiento y comprensión por parte del entorno se mantiene en niveles similares entre las personas con migraña episódica y crónica.
Para Isabel Colomina, presidenta de AEMICE, estos resultados ponen de manifiesto una realidad con la que conviven muchas personas con migraña: “Quienes tenemos migraña sabemos hasta qué punto puede condicionar nuestra vida. Sin embargo, todavía nos encontramos con personas que la ven simplemente como un dolor de cabeza o que no entienden por qué un ataque de migraña puede obligarnos a cancelar un plan, faltar al trabajo o dejar de hacer algo tan cotidiano como cuidar de nuestra familia”.
La campaña «Las palabras importan»
Ante esta distancia entre la experiencia de las personas con migraña y la percepción de su entorno, AEMICE lanza la campaña “Las palabras importan”, con la que invita a reflexionar sobre cómo la forma de hablar de la migraña puede influir en la manera en que la sociedad entiende la enfermedad. Todavía es habitual utilizar “migraña” como sinónimo de cualquier dolor de cabeza o hablar de “migrañas” para referirse a los ataques. Sin embargo, la migraña es una enfermedad neurológica y lo que se producen son ataques de migraña. Para AEMICE, utilizar un lenguaje más preciso puede contribuir a evitar su banalización y favorecer una mayor comprensión social.
“Durante demasiado tiempo hemos normalizado frases como ‘tengo migraña’ para referirnos a cualquier dolor de cabeza o ‘tengo migrañas’ para hablar de los ataques. Puede parecer una cuestión menor, pero las palabras ayudan a construir la forma en que entendemos una enfermedad. Cambiar la forma en que hablamos de la migraña es también un primer paso para cambiar la forma en que la miramos”, señala Isabel Colomina, presidenta de AEMICE.
La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) y AstraZeneca han convocado los Premios Pioneras en Cribado Renal, una iniciativa destinada a reconocer proyectos y políticas que estén impulsando la detección precoz de la enfermedad renal crónica (ERC). El abordaje temprano de esta patología ha adquirido un mayor protagonismo en la estrategia sanitaria, sobre todo desde que el Ministerio de Sanidad publicase el Documento de Consenso del Sistema Nacional de Salud para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica, que incorpora la recomendación de implementar el cribado renal en poblaciones de riesgo.
El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre y podrán participar comunidades autónomas. También iniciativas privadas, sociales o científicas que hayan puesto en marcha proyectos consolidados, experiencias piloto o actuaciones en fases iniciales que aporten resultados medibles o evidencia preliminar y tengan potencial para extenderse a otros territorios.
Los galardones contemplan cinco categorías: políticas públicas autonómicas; financiación de iniciativas privadas, sociales o científicas; impacto social y comunicación; enfoque cardio-renal-metabólico; y reducción del impacto medioambiental asociado a la enfermedad renal crónica. La convocatoria pretende así dar visibilidad no solo a programas sanitarios impulsados por las administraciones, sino también a experiencias desarrolladas desde entidades científicas y sociales que puedan aportar soluciones aplicables a otros contextos.
Las candidaturas serán analizadas por un comité multidisciplinar de expertos integrado por profesionales clínicos, gestores sanitarios, especialistas en salud pública, representantes de pacientes y expertos en políticas sanitarias. El ganador de cada categoría será elegido por consenso.
Objetivo final
Desde ALCER destacan que identificar la enfermedad en sus primeras fases puede permitir intervenir antes de que avance y preservar durante más tiempo la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas. «El cribado renal no busca únicamente diagnosticar antes, sino actuar a tiempo para cambiar la trayectoria de la enfermedad», señala Manuel Arellano, presidente de la Federación.
La organización recuerda que una detección adecuada puede contribuir a ralentizar la progresión de la ERC y retrasar o incluso evitar en algunos casos la necesidad de recurrir a diálisis o trasplante. El objetivo de los premios es precisamente incentivar y dar un mayor recorrido a aquellos proyectos que están trasladando esta aproximación a la práctica, compartiendo experiencias que puedan servir para mejorar la detección y el manejo de la enfermedad en otros lugares.
Los Premios Pioneras en Cribado Renal no cuentan con dotación económica. Los proyectos reconocidos recibirán un distintivo simbólico y se estudia además la creación de un sello digital de «Entidad Comprometida con el Cribado Renal» para que las organizaciones galardonadas puedan identificar su compromiso en sus canales de comunicación.
Vivir con epilepsia implica mucho más que controlar la aparición de crisis. La enfermedad puede repercutir en el bienestar emocional, la educación, el empleo, las relaciones sociales y la vida familiar, mientras que cuidadores y familiares asumen también una carga que puede traducirse en estrés, dificultades económicas y cambios en su vida cotidiana. Ante esta realidad, las asociaciones de pacientes reclaman que la atención tenga en cuenta todas estas dimensiones y que las necesidades de las personas afectadas tengan mayor peso en las decisiones sanitarias.
Representantes de la Unión Galega de Epilepsia (UGADE), la Asociación de Personas con Epilepsia de Castilla y León (ASPECYL), la Asociación Aragonesa de Epilepsia (ASADE), Guerreros Púrpura y la Associació Menorquina d’Epilèpsia (AMEP), junto con la Federación Española de Epilepsia (FEDE), han puesto en común experiencias, necesidades y buenas prácticas en el marco del proyecto ‘EpiClave, papel del asociacionismo en epilepsia’.
La iniciativa, impulsada por Angelini Pharma, ha analizado la situación de las entidades participantes y el contexto asistencial de cinco territorios para identificar tanto las dificultades que encuentran los pacientes como los retos que afrontan las propias organizaciones para continuar desarrollando su labor.
Una atención integral para las personas con epilepsia
En España, cerca de 500.000 personas viven con epilepsia y entre el 30% y el 40% de los pacientes continúa experimentando crisis pese a haber recibido al menos dos tratamientos previos, según los datos recogidos por la iniciativa.
La persistencia de las crisis es especialmente relevante en la epilepsia farmacorresistente, pero las asociaciones insisten en que las necesidades de los pacientes no pueden medirse exclusivamente desde una perspectiva clínica.“Es necesario avanzar hacia un modelo en el que la persona con epilepsia sea entendida de una manera global. La epilepsia no tiene únicamente una dimensión sanitaria: puede tener repercusiones educativas, laborales, sociales, emocionales y familiares que requieren respuestas coordinadas”, explica Laura Marcos, coordinadora de ASPECYL.
Para conseguirlo, considera esencial reforzar la colaboración entre asociaciones, federaciones, profesionales sanitarios, administraciones y otros agentes. El objetivo, señala, debe ser conseguir que los avances estratégicos terminen convirtiéndose “en mejoras concretas en la calidad de vida de las personas con epilepsia y sus familias”.
Esta participación de los pacientes está también contemplada en el Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la Epilepsia y otros Trastornos Neurológicos 2022-2031 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve la implicación de las personas con epilepsia, sus familias y sus organizaciones en ámbitos como las políticas públicas, la planificación y prestación de servicios, el seguimiento y la investigación.
Desigualdades territoriales y dificultades en el seguimiento
El análisis realizado por las entidades participantes apunta también a la existencia de desigualdades territoriales en el acceso a recursos especializados. A ello se suma una presión asistencial que puede generar tiempos de espera prolongados y dificultar procesos importantes para los pacientes, desde el diagnóstico hasta el ajuste de los tratamientos y la continuidad del seguimiento.
En este escenario, las asociaciones desempeñan una función que trasciende la representación de los pacientes. Ofrecen información y recursos, crean espacios de apoyo entre personas que atraviesan situaciones similares, acompañan a las familias y trabajan para combatir el estigma que todavía rodea a la epilepsia.
Precisamente, una de las necesidades identificadas es reforzar la colaboración de estas organizaciones con los profesionales sanitarios y las instituciones para trasladar de forma más efectiva los problemas que encuentran pacientes y familias en su vida cotidiana.
Las entidades reconocen, al mismo tiempo, que necesitan fortalecerse para poder mantener y ampliar esta labor. El análisis identifica tres grandes desafíos compartidos: aumentar y movilizar su base social, mejorar su visibilidad y comunicación y garantizar la continuidad de los servicios que prestan. La incorporación de nuevos socios y su participación activa resulta especialmente importante entre los más jóvenes. Conseguir su implicación permitiría ampliar la representación de las organizaciones y facilitar un relevo generacional que garantice su continuidad.
Otro desafío es ganar presencia, especialmente en el entorno digital. Una mayor visibilidad puede permitir que personas que acaban de recibir un diagnóstico o familias que necesitan ayuda conozcan los recursos existentes y encuentren más fácilmente una asociación a la que acudir.
La sostenibilidad de las actividades constituye el tercer gran reto. Mantener de forma estable los servicios que utilizan pacientes, cuidadores y familias requiere recursos y estructuras capaces de garantizar su continuidad. A estas necesidades se añaden otras como ampliar la presencia de las asociaciones fuera de sus principales localidades, adaptar los servicios a los distintos perfiles de pacientes, disponer de voluntariado estable y contar con espacios físicos de referencia.
Compartir soluciones entre territorios
Para la presidenta de FEDE, Elvira Vacas, la puesta en común de experiencias puede ayudar a que las organizaciones encuentren respuestas a problemas que se repiten en diferentes lugares.“Aunque cada asociación trabaja en una realidad territorial diferente, existen necesidades y retos compartidos”, señala.
Por ello, considera especialmente útil conocer las iniciativas que están dando resultados en otras comunidades. “El intercambio permite conocer qué está funcionando en otros territorios, compartir buenas prácticas y evitar que cada entidad tenga que buscar soluciones de manera aislada”, añade.
El diagnóstico realizado por las asociaciones muestra así una doble necesidad: mejorar la respuesta sanitaria y social que reciben las personas con epilepsia y, al mismo tiempo, reforzar a las organizaciones que las acompañan. Un movimiento asociativo con mayor capacidad de actuación puede contribuir no solo a prestar apoyo en el día a día, sino también a conseguir que la experiencia de pacientes y familias tenga un papel más relevante a la hora de definir cómo debe abordarse la epilepsia.
Dicho estudio alerta de una “clara vulneración de los derechos sociales en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, adolescentes y niñas con problemas de salud mental” y denuncia que la sociedad y los servicios públicos, a menudo, transforman sus necesidades en patologías o diagnósticos psiquiátricos, ejerciendo violencia estructural sobre sus vidas.
Así, el documento visibiliza, entre otras, las violencias institucionales, la invalidación de la maternidad, la invisibilización de su sexualidad, la limitación de su autonomía económica, o la dificultad para mantener relaciones afectivas y cuidados seguros.
Tal es el estado de inseguridad en el que se encuentran las mujeres con problemas de salud mental, queel 40% de ellas declara haber vivido violencia física o psicológica por parte de su círculo cercano (amistades, familiares), el 35% por parte de parejas o exparejas y el 19% por parte de personas desconocidas.
Frente a estos datos, en el Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2025 se advierte del “muy alto nivel de correlación entre las violencias desde el inicio de la vida y cómo se van encadenando con los malestares de salud mental e incluso con algunos problemas de salud mental graves. Es muy difícil hablar de vida sin violencia en mujeres con problemas de salud mental. Esta correlación se da siempre”.
La feminización de la pobreza es otra de las barreras persistentes que se destaca en el informe, una circunstancia que afecta irremediablemente a la autonomía y calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. Según el estudio GEA, el 84% de las mujeres con problemas de salud mental se ha mudado en los últimos años por no poder pagar el alquiler o la hipoteca. Se observan, además, mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por una falta de derivación a servicios sociolaborales de formación y capacitación para las mujeres y niñas, debido al diseño androcéntrico de los servicios y la distribución desigual de tareas por razón de género y las dificultades de conciliación.
Sesgos en la atención profesional
El informe también pone de relieve los datos recogidos por el estudio GEA en cuanto al abordaje que hacen las y los profesionales de la salud mental cuando enfrente tienen a una mujer, una adolescente o una niña. La mayoría de las y los profesionales admite tener un sesgo de género. Por ejemplo, el 74% ha identificado medicaciones inadecuadas y/o excesivas, y el 85% considera que los servicios existentes no dan respuesta a todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental”.
Esta percepción tiene correlación con las vivencias de las mujeres, entre las que el 41% declara llevar más de 6 años sin revisión en sus pautas de medicación, el 67% dice no haber recibido información suficiente acerca de los efectos secundarios de su tratamiento y el 65% no fue informada sobre tratamientos alternativos.
Además, el 21% ha sido ingresada alguna vez (de ellas, el 37% de forma involuntaria), mientras que el 51% ha sufrido malos tratos durante el ingreso.
Para Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, estos datos revelan “las carencias en la consideración y atención de las mujeres con problemas de salud mental”, pero, al mismo tiempo, “son una guía para avanzar en el camino hacia el imprescindible cambio de paradigma”, un cambio que “habrá de hacerse incorporando el enfoque biopsicosocial para, de este modo, aproximarse a la vida de las mujeres, niñas y adolescentes desde todos sus ángulos”. Muñoz Escandell señala también que se trata de un reto no solo para las y los profesionales, sino también para el conjunto de la ciudadanía, “porque es nuestra responsabilidad, tanto individual como colectiva, construir sistemas más justos y humanos”.
La IA, riesgos y potenciales beneficios
Otro de los aspectos que aborda el ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025’ es la llegada de la inteligencia artificial (IA) al ámbito de la salud mental. En este sentido, la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación ha estudiado algunas propuestas elaboradas por otras entidades, como la de Mental Health Europe, titulada ‘Inteligencia artificial y salud mental’. En este estudio sehace un análisis de las oportunidades y riesgos que supone una atención a la salud mental en la que se recurra al uso de esta tecnología se presentan una serie de reflexiones acerca de la ética profesional y el respeto a los derechos de las personas con problema de salud mental.
El estudio destaca también que “la sanidad es uno de los sectores más populares para el despliegue de la IA en la Unión Europea”, empleándose tanto para tareas administrativas, como de apoyo a la toma de decisiones profesionales, terapias digitales y tecnologías de detección personal, y seguimiento de personas con problemas de salud mental.
Aunque reconoce potenciales beneficios, como “la mejora de la accesibilidad a la asistencia en salud mental, en particular para las poblaciones desatendidas, y la reducción de las cargas administrativas en los sistemas sanitarios”, a nivel individual, advierte de “riesgos de seguridad, violaciones de la privacidad y consentimiento informado inadecuado, refuerzo de las desigualdades o la creación de otras nuevas, la vigilancia excesiva, el refuerzo de las visiones individualistas de la salud mental, la despersonalización de la atención y el desvío de recursos limitados”.
Además, “está el efecto de la IA sobre jóvenes, adolescentes, niños y niñas”, según alerta el informe de la Confederación, a partir de las conclusiones del ‘VII Informe de Acoso Escolar en Centros Educativos’, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, a partir de los datos analizados durante curso escolar 2024-25, y del testimonio de 8.781 estudiantes y 355 docentes.
Según este documento, en el último curso escolar han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial (IA) para llevarlos a cabo. La IA ya se usa en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, más por chicos (60%) que por chicas (40%). Se utiliza, principalmente, para crear videos falsos a partir de la manipulación de la foto, video o audio de un compañero o compañera (54,8%) o para suplantar su identidad (32,2%). Las principales plataformas por las que se distribuyen estos contenidos entre las y los menores de edad son WhatsApp, Instagram, TikTok y videojuegos.
Al calor de estos datos, y aún conscientes de que el desarrollo de la IA va mucho más rápido que la reacción humana, desde la Comisión de Defensa de Derechos de la Confederación se plantea la urgencia de que las Administraciones y los Estados se pongan manos a la obra para hacer “investigaciones sólidas que determinen riesgos y beneficios reales y regular a partir de ahí”.
Logros en los tribunales europeos
En plena sala de espera para ver qué ocurre en Europa con la aprobación o no del Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por un ingreso involuntario en el que se vulneró el derecho a la asistencia letrada. La condena contempla una indemnización de 5.000 euros en concepto de daños morales, más 7.000 euros de costas procesales, a un hombre que en 2021 fue ingresado involuntariamente en un hospital psiquiátrico, sin ser escuchado con las debidas garantías, sin contar con asistencia letrada y tras un examen médico que, según se ha podido constatar, no cumplió los requisitos mínimos de rigor y objetividad para fundamentar su privación de libertad.
Para Muñoz Escandell, “esta sentencia supone un paso adelante en la consecución del efectivo ejercicio de los derechos de las personas con problemas de salud mental. La eficiencia, la falta de medios o, simplemente, la costumbre, pueden pasar por encima de tales derechos, asentando estructuras que perpetúan un enfoque esencialmente capacitista y que deja poco margen para explorar la sostenibilidad de otros sistemas verdaderamente posibles. Los modelos basados en la maximización de la rentabilidad tampoco ayudan y, muchas veces, las carencias y automatismos mencionados tienen su base en este tipo de sistemas. La sentencia es valiosa en este sentido, porque sitúa en el centro a la persona, y apunta hacia una realidad que, muchas veces, no se vislumbra: en contextos de ingreso involuntario hay formas de actuar más respetuosas con la dignidad y derechos de las personas con problemas de salud mental que muchas prácticas consolidadas que, de tan repetidas, apenas se cuestionan”.
En este sentido, el informe también se alinea con el Grupo de Investigación NURSEARCH, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona y su estudio publicado en la revista Journal of Clinical Nursing, en el que se pone el foco en la percepción de la calidad de los cuidados como factor que puede marcar una gran diferencia en la atención a la salud mental. Este estudio demuestra con datos que mejorar la calidad percibida de los cuidados tiene un impacto real en la vivencia de las personas hospitalizadas y, para lograrlo, es importante impulsar la proximidad diaria del personal de enfermería, facilitar espacios seguros, favorecer la confianza y promover una atención libre de coerción.
Accesibilidad psicosocial, una asignatura pendiente
Un año más, la Confederación denuncia en su ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental’ la ausencia de reconocimiento expreso en nuestras normas de la accesibilidad psicosocial, lo que conlleva la proliferación de barreras para que las personas con problemas de salud mental y/o discapacidad psicosocial puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás.
“La falta de conciencia sitúa a las personas con problemas de salud mental en el terreno de la excepción, ya que las necesidades específicas en materia de accesibilidad sí están contempladas por nuestra normativa para el resto de las personas con discapacidad”, afirma Muñoz Escandell. “Esta exclusión constituye una discriminación tan consolidada que apenas se percibe como discriminación. Sencillamente, no se ve y tiene como efecto toda una serie de discriminaciones en cascada que afectan a los más diversos ámbitos de la vida de la persona”.
Entre las consultas y demandas que llegan al Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, se mantiene la tendencia de años anteriores, donde predominan las que realizan las mujeres que tienen un familiar con un problema de salud mental (52%), frente a los hombres (48%). El 69% de las consultas procedió de personas con problemas de salud mental, y aquí los hombres sí superaron a las mujeres (56% vs. 44%).
En cuanto a las áreas sobre las que se realizan las consultas, la mayoría (39%) está relacionada con asuntos civiles (ingresos involuntarios, contratos de vivienda, curatelas, etc.), seguidas por la vulneración de uno o varios derechos (29%), cuestiones administrativas (21%), temas laborales (9%) y asuntos penales o penitenciarios (2%).
