Las complicaciones asociadas a la diabetes siguen teniendo un impacto muy relevante en la salud de las personas que conviven con esta patología, así como en el sistema de salud pública. Según la última revisión bibliográfica de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), estas personas tienen un 73% más de riesgo de infarto de miocardio, un 54% más de riesgo de ictus y hasta un 84% más de riesgo de insuficiencia cardíaca. A las complicaciones cardiacas se suman otras como las afecciones oculares (retinopatía diabética) o la demencia vascular. Asimismo, en España, casi tres de cada diez personas con diabetes (27,9%) presentan algún grado de enfermedad renal crónica, una cifra que algunos estudios elevan hasta el 40%.

A pesar de la gravedad de estos datos, muchas de estas complicaciones se desarrollan de forma progresiva y silenciosa, lo que hace que los síntomas pasen desapercibidos durante años si no se realiza un seguimiento adecuado.

El impacto de estas complicaciones, especialmente en diabetes tipo 2, no es solo clínico, sino también económico. Según los datos disponibles, cada persona con diabetes supone un coste medio anual de en torno a 4.120 euros para el Sistema Nacional de Salud, lo que representa un sobrecoste del 78% respecto a la población sin diabetes. Una suma que podría reducirse considerablemente con intervenciones en complicaciones evitables de la patología ya que, según datos del Ministerio de Sanidad, más del 50% de los costes directos de la diabetes están directamente relacionados con sus complicaciones.

Según el Informe de pacientes atendidos en atención primaria de la plataforma DatosPOPSalud, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en 2023 fueron atendidas en España alrededor de 3,6 millones de personas con diabetes, lo que supone una tasa aproximada de 7.686 casos por cada 100.000 habitantes registrados en este nivel asistencial. El Informe de problemas de salud – Situación laboral 2023 de DatosPOPSalud muestra, además, que casi el 15% de las personas con diabetes se encuentran en situación de desempleo o inactividad laboral, y que la prevalencia de la patología es mayor en los tramos de renta más baja y en determinados territorios. Esta combinación de alta carga asistencial, mayor vulnerabilidad socioeconómica y desigualdades territoriales refuerza la necesidad de invertir en prevención y en un seguimiento cercano para evitar la progresión hacia complicaciones.

Para que estas estrategias se traduzcan en políticas públicas eficaces, es imprescindible contar con datos sólidos, actualizados y bien analizados, que permitan orientar la toma de decisiones en el ámbito sanitario. En este sentido, el presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Antonio Lavado, subraya que “En FEDE apostamos por generar y difundir evidencia que visibilice las necesidades reales del colectivo y contribuya a impulsar cambios efectivos en la atención sanitaria y en las políticas públicas”. Este enfoque se alinea con el futuro Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS), que reconoce el valor de los datos de salud, utilizados con garantías, como herramienta clave para mejorar la investigación, la planificación sanitaria y la atención a los pacientes.