La Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplará la lengua de signos en los procesos judiciales. Así viene contemplado en el nuevo Proyecto de Ley que, a instancias de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), miembro de Somos Pacientes, y ya aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado, tiene por objeto favorecer el acceso a la información de las personas sordas en el ámbito judicial.
En consecuencia, y gracias a la nueva medida, “se reforzarán los derechos y garantías de las ciudadanas y ciudadanos sordos en los procesos judiciales mediante la regulación detallada de su derecho a contar con la traducción de intérpretes de lengua de signos durante los mismos, así como de medios de apoyo a la comunicación oral si lo requieren”, destaca la CNSE.
Intérpretes
De acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Ley, las personas asignadas como intérpretes deberán contar una experiencia y profesionalidad mínima que asegure un servicio de calidad para las personas sordas, pudiendo éstas solicitar la designación de un nuevo intérprete si fuera necesario.
Un requisito que, como explica la CNSE, “abre un camino de colaboración entre la Administración de Justicia y Penitenciaria y las organizaciones de personas sordas, con el objetivo de garantizar que este colectivo cuente con intérpretes de calidad, debidamente formados, y familiarizados con el lenguaje jurídico”.
Por todo ello, la CNSE aplaude esta transposición de la directiva europea, dado que como explica la propia Confederación, “cumple los principios de transversalidad de las políticas en materia de uso de la lengua de signos española y catalana, cualquier medio de apoyo que facilite la comunicación, accesibilidad universal, libertad de elección, no discriminación, normalización e inclusión”.
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