Las personas con discapacidad física y orgánica en España siguen enfrentando graves desigualdades en el acceso a la salud. Así lo advierten la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en dos informes recientes que revelan una realidad preocupante: el 89,4% de estas personas no accede a rehabilitación a través de la sanidad pública, y casi el 85% no lo hace por ninguna vía.

Los datos, recogidos en el ‘Informe sombra en el marco de la revisión periódica de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad’ y el ‘Estudio sobre los factores condicionantes del acceso a tratamientos y terapias adecuadas’, ponen de manifiesto las barreras estructurales y sistemáticas que vulneran el derecho a la salud de este colectivo. Entre los principales obstáculos destacan la falta de accesibilidad física y digital, la desigualdad territorial en la atención sanitaria, copagos inasumibles, la carencia de apoyo psicológico y la ausencia de una continuidad asistencial real.

“No se puede hablar de un sistema sanitario justo si las personas con discapacidad seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos que necesitamos”, ha afirmado Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE. Por su parte, la presidenta de FNETH, Eva Pérez Bech, ha calificado esta situación como “una realidad inaceptable” y ha instado a poner fin a las desigualdades que afectan a miles de personas en su día a día.

Apoyo psicoterapéutico, un recurso básico

Uno de los datos más alarmantes que revelan los estudios es que un 88,5% de las personas con discapacidad física y orgánica no recibe apoyo psicoterapéutico, un recurso clave para el abordaje integral de enfermedades crónicas y discapacitantes. Además, el 10% de los encuestados afirma haberse sentido discriminado en los servicios sanitarios, lo que refuerza la percepción de exclusión.

A estas carencias se suman los elevados copagos y la falta de financiación de medicamentos esenciales, especialmente en el caso de enfermedades raras o crónicas. Esta situación genera un sobrecoste económico insostenible para muchas familias y condiciona el acceso equitativo a los tratamientos. El sobreesfuerzo económico, junto con la precariedad laboral o la exclusión social, acaba afectando también a la salud mental y emocional de quienes padecen alguna discapacidad.

Desde las entidades promotoras de los informes se denuncia que el actual sistema sigue anclado en una visión biomédica reduccionista, que no contempla el bienestar integral ni las necesidades específicas del colectivo. Además, advierten de la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo, de la exclusión en los programas de salud pública y de la ausencia de una normativa estatal que garantice la rehabilitación como derecho universal.

Demandas urgentes para una sanidad más justa

FNETH y COCEMFE han lanzado la campaña #SumandoCuidados con el objetivo de visibilizar estas brechas y exigir cambios urgentes. Entre sus propuestas destacan:

  • Eliminar barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios.
  • Garantizar la equidad territorial en el acceso a tratamientos, rehabilitación y dispositivos de apoyo.
  • Reforzar la atención en salud mental, especialmente en personas con enfermedades crónicas y discapacitantes.
  • Asegurar la asequibilidad de medicamentos esenciales, evitando copagos abusivos.
  • Proporcionar al personal sanitario formación adecuada para ofrecer un trato inclusivo y centrado en la persona.

A estas medidas se suma la necesidad de aumentar la financiación pública de los servicios de salud, así como la participación activa de las personas con discapacidad en las decisiones que afectan a su atención sanitaria. Según advierten las entidades, el desconocimiento de sus derechos, los tiempos de espera excesivos, la falta de cobertura de tratamientos y la accesibilidad limitada están reforzando una sensación de abandono generalizada entre los afectados. “Necesitamos una sanidad equitativa, accesible y centrada en las personas, que garantice el derecho a los tratamientos que necesitamos para vivir con dignidad”, concluye Eva Pérez Bech.