La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) ha celebrado como una “victoria para la equidad en salud” la reciente decisión del Ministerio de Sanidad de permitir el acceso de las personas con VIH a las terapias CAR-T contra el cáncer. Esta medida pone fin a una restricción que impedía que estos pacientes, incluso con carga viral indetectable, pudieran beneficiarse de una de las terapias más innovadoras y personalizadas del sistema sanitario actual.

La medida supone la actualización de los protocolos farmacoclínicos y los criterios de financiación de las terapias CAR-T en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Hasta ahora, el acceso a estos tratamientos estaba limitado a determinados perfiles clínicos, lo que dejaba fuera a las personas con VIH debido a la ausencia de evidencia específica sobre su eficacia y seguridad en este grupo. A partir de ahora, los pacientes con VIH con carga viral controlada podrán ser considerados candidatos en igualdad de condiciones.

“Esta decisión pone fin a una exclusión injusta y demuestra la importancia de incluir a las personas con VIH en la investigación y desarrollo de fármacos desde el inicio, especialmente en tratamientos tan cruciales como los oncológicos”, ha afirmado la presidenta de CESIDA, Reyes Velayos.

Una reclamación histórica de las personas con VIH

En España, existen actualmente siete terapias CAR-T autorizadas y comercializadas. Estas terapias celulares están indicadas para tratar ciertos tipos de cáncer hematológico como linfomas o leucemias, y empezaron a incorporarse al SNS en 2019 bajo protocolos estrictos debido a su alta complejidad, coste y riesgo clínico. Sin embargo, la exclusión sistemática de personas con VIH —a pesar de tener la infección controlada— ha sido objeto de crítica por parte del movimiento asociativo desde hace años.

Ramón Espacio, ex presidente de CESIDA y miembro activo en el proceso, ha recordado que la discriminación fue detectada en 2021 tras el caso de un paciente al que se le denegó el tratamiento con CAR-T por su condición serológica. “Desde entonces, hemos trabajado para comprender el origen del problema, recabando información técnica, científica y jurídica, y dialogando con profesionales del ámbito clínico, de la gestión sanitaria y de la industria farmacéutica”, ha explicado.

CESIDA ha insistido en que este tipo de exclusión no es un caso aislado. “La exclusión sistemática de las personas con VIH en ensayos clínicos sigue ocurriendo con frecuencia, especialmente en estudios que no están directamente relacionados con el virus”, ha denunciado Espacio. Esta práctica, señala, “tiene consecuencias graves para la equidad en salud”, ya que perpetúa barreras de acceso a tratamientos que podrían salvar o alargar vidas.

La organización ha enmarcado este avance en el trabajo conjunto realizado en el marco del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, una iniciativa promovida por el Ministerio de Sanidad para combatir el estigma y las desigualdades que aún persisten en torno a esta infección.

CESIDA también ha subrayado la importancia de que las decisiones en el ámbito sanitario se basen en criterios científicos actualizados y en el respeto a los derechos humanos. “No se puede seguir excluyendo a personas por su serología cuando existen evidencias claras de que, con la carga viral controlada, no representan ningún riesgo adicional ni para sí mismas ni para el entorno clínico”, ha enfatizado Velayos.

La actualización del protocolo abre ahora la puerta a que más pacientes puedan optar a una terapia de última generación que ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de algunos tipos de cáncer hematológico. Desde CESIDA, han manifestado su intención de seguir vigilando que esta nueva normativa se implemente correctamente y no existan barreras administrativas o prejuicios que impidan su aplicación efectiva.

Finalmente, la organización ha pedido que esta decisión sirva de precedente para revisar otros protocolos médicos y de investigación que continúan discriminando a personas con VIH sin base científica justificada. “La equidad en salud no es negociable”, han concluido.