España ha alcanzado un alto grado de digitalización de su sistema sanitario, lo que abre la puerta a un uso más eficaz de los datos clínicos generados en la práctica asistencial. Así se confirmó en una de las mesas redondas de la XII Jornada Somos Pacientes, bajo el título Datos en vida real: el valor de medir el impacto de los tratamientos en beneficio del paciente.
En ella se reunieron representantes del movimiento asociativo, la investigación y la tecnología para analizar el potencial de los datos clínicos reales como herramienta clave en la toma de decisiones sanitarias. Moderada por Arantxa Sancho, directora de Asuntos Médico-Científicos de Farmaindustria, contó con la participación de Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC); Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud; y Antonio Urda, Chief Healthcare Organizations Officer de Savana.
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Este último subrayó que gracias al procesamiento del lenguaje natural, hoy es posible estructurar grandes volúmenes de información clínica sin duplicar esfuerzos de los profesionales sanitarios. “Podemos convertir lo que los médicos escriben en la historia clínica en conocimiento útil para mejorar decisiones y resultados”.
Urda defendió además que nos encontramos en un «punto de no retorno», gracias al impulso normativo europeo —con el modelo de opt-out como eje— y a las herramientas tecnológicas ya disponibles para compartir, anonimizar y analizar datos de manera segura. En ese sentido, recordó que «el dato clínico, bien explotado, puede contribuir a mejorar la atención individual, y también a diseñar políticas sanitarias más eficaces y equitativas”.
Uso responsable y ético de los datos
Desde la perspectiva del movimiento asociativo, Begoña Barragán reivindicó el derecho de los pacientes a ser informados sobre el uso de sus datos y a recibir un retorno de los resultados que se generen a partir de ellos. “Cada vez estamos más dispuestos a que se utilicen nuestros datos con fines científicos, pero necesitamos confianza, transparencia y saber para qué se usan”, afirmó.
Barragán incidió en la necesidad de avanzar hacia un uso ético y regulado de los datos, que garantice la confidencialidad y evite malas prácticas, como la cesión encubierta de información con fines comerciales. “Las asociaciones ya decimos que no a muchas propuestas que no nos dan garantías. Queremos que los datos se usen para investigar, sí, pero con seguridad y sin que eso se traduzca en que te llegue publicidad a casa”, añadió.
Evidencia aplicable a la realidad
Tanto Dopazo como Urda coincidieron en que los datos de vida real permiten obtener evidencias complementarias a las de los ensayos clínicos, más representativas de la diversidad de pacientes y contextos. Ejemplos como los estudios realizados en plena pandemia de covid-19 en Castilla-La Mancha —con datos de casi 10.000 pacientes analizados mediante inteligencia artificial— ilustran cómo esta evidencia puede generarse de forma rápida y robusta, y ser útil para validar tratamientos en la práctica habitual.
El especialista del Virgen del Rocío, sin embargo, pidió cautela: aunque reconoció los avances, defendió que aún “no hemos llegado al punto de no retorno”, y que existen barreras organizativas y culturales que ralentizan el progreso. Aun así, celebró que las iniciativas en marcha, tanto en comunidades autónomas como a escala europea, apuntan hacia un ecosistema federado y seguro de datos clínicos, donde las decisiones éticas y técnicas estén bien delimitadas.
Confianza, formación y participación
Un mensaje compartido por todos los ponentes fue la necesidad de implicar a pacientes, profesionales y gestores en el uso de estos datos, fomentando la formación y la comunicación clara sobre su potencial. Para Barragán, es clave que “los pacientes sepan que pueden estar colaborando con la investigación simplemente permitiendo el uso anonimizado de sus datos”, y que los resultados sean compartidos para generar conocimiento común.
En este contexto, se recordó que Europa ha optado por un modelo que permite utilizar los datos clínicos para investigación sin pedir consentimiento expreso, siempre que el ciudadano no se oponga. Este marco —comparable al de la donación de órganos en España— pretende facilitar la investigación biomédica con garantías éticas y legales. Pero, como advirtieron los ponentes, este uso sólo será legítimo si va acompañado de una cultura del dato que refuerce la confianza y los derechos de la ciudadanía.
