Garantizar el acceso a medicamentos estratégicos no es solo un reto industrial o regulatorio, sino un imperativo sanitario y social que exige colaboración, visión a largo plazo y decisiones valientes. Este fue el mensaje que compartieron los ponentes de la jornada “Cómo garantizar el acceso a medicamentos para salvar vidas”, un encuentro que reunió a representantes institucionales, industria farmacéutica, sociedades científicas y organizaciones de pacientes con un objetivo común: analizar cómo asegurar la disponibilidad de medicamentos estratégicos, especialmente aquellos sin patente, ante un escenario de creciente presión económica y tensiones en la cadena de suministro.

La sesión, organizada por Europa Press, con la colaboración de Viatris, se enmarcó en un contexto especialmente delicado que quedó de manifiesto desde el inicio del acto, tras la intervención de João Madeira, director general de Viatris. Madeira expuso los datos clave del estudio independiente elaborado por la consultora New Angle, patrocinado por la compañía, que evidencia un deterioro progresivo en la viabilidad económica de la producción de medicamentos sin patente en Europa.

En sus palabras, “el principal reto es que muchos medicamentos estratégicos tienen precios tan bajos que ya no son sostenibles, mientras los costes de producción suben. Esto provoca retiradas del mercado y riesgo de desabastecimiento. Necesitamos modelos que aseguren viabilidad, más diversidad de proveedores y una cadena de suministro más fuerte”, aseguró Madeira.

Encarecimiento de materiales

Según este análisis, realizado en 16 países europeos, los costes de producción se han disparado en los últimos años: el índice de precios industriales ha aumentado un 31,6 %, los costes laborales un 25,7 % y la inflación general un 23,4 %. A ello se suma el incremento excepcional de la energía, con subidas de hasta el 173 % en el gas en 2022, y el encarecimiento de materiales como el aluminio o los envases. Frente a este escenario, los precios regulados de los antibióticos sin patente han continuado descendiendo, con una bajada media del 10,4 % en el periodo 2020-2024, lo que ha generado un desequilibrio “insostenible” que ya se refleja en la práctica: 240 productos antibióticos se han retirado del mercado y se han notificado 385 episodios de desabastecimiento en los países analizados.

España no es ajena a esta tendencia. En 2025, se han producido problemas recurrentes de suministro en medicamentos como la amoxicilina o la azitromicina, obligando a recurrir a alternativas menos adecuadas y acentuando el riesgo de resistencias antimicrobianas.

Tensiones estructurales del sector

Tras la presentación inicial, comenzó la primera mesa de debate, “La industria ante el reto del acceso sostenible”, con representantes de AESEG, BioSim, Farmaindustria, FEFE y la participación de César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, del Ministerio de Sanidad.

El diálogo giró en torno a las tensiones estructurales del sector y a la dificultad de sostener la producción de medicamentos estratégicos con precios a la baja y costes crecientes. Los participantes coincidieron en que se trata de un desafío que requiere ajustes regulatorios urgentes. Durante la conversación, se abordaron cuestiones como la posibilidad de establecer precios mínimos, la necesidad de introducir criterios de seguridad de suministro en las licitaciones públicas, o el riesgo de que determinadas exigencias ambientales, si no se aplican con flexibilidad, añadan una nueva capa de presión sobre medicamentos de bajo margen.

En este sentido, Emili Esteve, director técnico de Farmaindustria, indicó que “los problemas de suministro deben centrarse en los medicamentos estratégicos, cuya falta puede generar un impacto real en los pacientes. La intervención de la Administración debería flexibilizarse para incorporar argumentos no estancos. Además, no podemos basar los concursos únicamente en el precio: factores como la fabricación en la UE deben pesar en la decisión para proteger el suministro. Los planes preventivos han funcionado bien precisamente porque la Administración ha mantenido una intervención limitada y proporcionada.”

Como conclusión, el director general del Ministerio de Sanidad, César Hernández, defendió la implantación de un sistema de precios dinámicos que permita una entrada más ágil de medicamentos a precios competitivos cuando expire la patente, con el fin de garantizar el acceso a fármacos estratégicos de bajo coste y prevenir su desabastecimiento.

Ante la escasez de medicamentos estratégicos

La segunda mesa, “Pacientes y profesionales ante la escasez de medicamentos estratégicos, reunió al Foro Español de Pacientes, la Fundación Española del Corazón, SEMERGEN y SEFAC. Sus representantes aportaron la perspectiva del impacto asistencial y social de la escasez. Coincidieron en que los desabastecimientos no solo complican la labor clínica, sino que minan la adherencia terapéutica, generan desigualdad territorial y cargan de incertidumbre tanto al paciente como al profesional. También se discutió el papel clave de la digitalización en la trazabilidad y gestión de stocks, el valor de sistemas de alerta temprana y la necesidad de mejorar la comunicación con la ciudadanía para que conozca alternativas disponibles en caso de desabastecimiento.

De hecho, “es fundamental visibilizar el problema para empezar a solucionarlo; lo que estamos haciendo hoy aquí es, precisamente, la mayor actividad preventiva posible: levantar la mano cuando existe un problema”, señaló Vicente Baixauli, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC). «Necesitamos más competencias para que los profesionales podamos gestionar adecuadamente esta situación».

A lo largo de la jornada, se repitió una idea central: sin reformas que actualicen los modelos de precios y contratación pública, la disponibilidad de medicamentos estratégicos, pilares de la atención sanitaria y herramientas imprescindibles frente a infecciones comunes, podría verse comprometida. El estudio de New Angle propone mecanismos como la indexación automática de precios a inflación y costes reales, la fijación de precios mínimos que eviten ventas por debajo del coste sostenible o los modelos de precios escalonados según el número de proveedores, además de integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia en la contratación pública.