Denuncia que las vacantes en los centros de atención están quedando desiertas

Confederación ASPACE exige que las políticas de ahorro no afecten al colectivo de discapacitados

Publicado el por Somos Pacientes

gimnasia de una niña con parálisis cerebralLa Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines (Confederación ASPACE), miembro activo de Somos Pacientes, ha manifestado su “preocupación ante las consecuencias negativas” que generan para la vida diaria de las personas con parálisis cerebral las políticas de ajuste que están desarrollando las comunidades autónomas.

A su juicio, los recortes están provocando que las vacantes en los centros de atención queden desiertas, todo ello a pesar de “la existencia de listas de espera, y acumulándose retrasos de hasta 120 días en los pagos“.

Pacientes y familiares

Esta situación, además, no afecta únicamente a los usuarios con parálisis cerebral, sino también a sus familias, que como recuerda la organización, “en la mayoría de las ocasiones no pueden asumir el gasto de una de estas plazas sin la subvención y el concierto de los gobiernos autonómicos”.

De la misma manera ha alertado que los retrasos en los abonos de los conciertos “son generalizados, acumulando incluso demoras de hasta 120 días”. Además, y contrariamente a como venía sucediendo cada año, en muchas regiones no se ha subido el IPC en las cuantías abonadas por esos mismos conciertos o directamente se está reduciendo el precio que la administración paga por cada plaza.

Menos servicios

De hecho, y como asegura la Confederación a través de su comunicado, “de una u otra forma, las 73 entidades de atención a personas con parálisis cerebral que integran la Confederación ASPACE están sufriendo los efectos de estas políticas de ahorro”. No en vano se están viendo obligadas, cuando menos en algunos casos, “a prescindir de personal, reducir el número de horas de atención a los usuarios o eliminar servicios“.

En definitiva, y ante esta situación, reclama de las administraciones “que sus políticas de ahorro no afecten al colectivo de la discapacidad” ni los conciertos existentes con los centros de atención que “desarrollan una labor social imprescindible“.

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