COCEMFE Catalunya

Convenio para defender los derechos de las personas con discapacidad en Cataluña

Publicado el por Somos Pacientes

La Confederación Catalana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Catalunya) ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo de la Abogacía Catalana para el desarrollo de iniciativas conjuntas de interés mutuo en torno a los derechos de las personas con discapacidad, muy especialmente en el ámbito de la accesibilidad universal.

En palabras de Julio J. Naveira, presidente del Consejo, “hemos acordado unir esfuerzos para conseguir que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos básicos para poder desarrollarse con libertad y sin obstáculos en ámbitos sociales fundamentales como son el acceso a la vivienda, la educación, el trabajo o el ocio, entre otros”.

Así, como destaca Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya, “agradecemos al Consejo su compromiso para defender el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, puesto que la realidad demuestra que, hasta ahora, la garantía de los derechos y libertades de las personas con discapacidad no ha sido una prioridad”.

ODF

De acuerdo con lo establecido en el convenio, el Consejo de la Abogacía Catalana participará en el Consejo Social del Observatorio de la Discapacidad Física y Orgánica (ODF) de COCEMFE Catalunya, “una herramienta –informa la Confederación– al servicio del conjunto de la sociedad que tiene como misión generar conocimiento y hacer incidencia política para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad”.

Por su parte, el Consejo asesorará y propondrá a COCEMFE Catalunya las iniciativas que considere oportunas para garantizar la defensa del derecho a la accesibilidad universal de acuerdo con el nuevo marco normativo establecido a partir del 5 de diciembre del 2017.

Es más; el convenio también contempla la colaboración de ambas entidades en la realización de actividades dirigidas a visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre ciertas situaciones de vulneración de derechos que afectan a las personas con discapacidad física y orgánica, así como de actividades formativas y de incidencia ante la Administración Pública.

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