Inversión de 1.000 millones de euros

El CERMI exige al Gobierno acabar con el ‘limbo’ de la dependencia

Publicado el por Somos Pacientes

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha reclamado al Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria acabar en el presente 2018 con el llamado ‘limbo’ de la dependencia, esto es, la situación de las personas a las que se les ha reconocido la prestación pero que no la reciben de forma efectiva. Un ‘limbo’ en el que según las últimas cifras oficiales, se encontrarían más de 300.000 personas –cerca de un tercio del total de beneficiarios.

Como explica el CERMI, “para acabar con este alto número de personas que, aun teniendo derecho a ello, no reciben prestaciones ni servicios, exigimos una dotación adicional extraordinaria para este año de 1.000 millones de euros, cantidad que se agregaría a la habitual y que debería consignarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018”.

Fracaso del Sistema

Con esta inversión suplementaria de 1.000 millones de euros, a la que se deberían sumar las inversiones de cada Administración autonómica –en la misma medida que haya crecido la del Estado–, podría ponerse a cero el contador de la dependencia en este 2018, logrando que toda persona con prestación reconocida la recibiera de modo real, sin esperas de meses y años como sucede a día de hoy.

Como informa el CERMI, “tener reconocido un derecho y que no se traduzca en nada tangible para la persona en situación de dependencia es el mayor fracaso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y una burla hiriente a la Ley que ha cumplido más de 10 años desde su aprobación y entrada en vigor”.

Así, “esta aportación presupuestaria extraordinaria debería formar parte de un pacto de Estado más amplio y ambicioso, suscrito por todas las fuerzas políticas, las administraciones competentes, los agentes y los movimientos sociales, para consolidación y revitalización de un dispositivo de protección social en profunda crisis’, concluye el Comité.

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