Entre otras medidas para reforzar el emprendimiento económico de iniciativa social

El CERMI solicita el fin de las restricciones autonómicas a los centros especiales de empleo

Publicado el por Somos Pacientes

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha presentado al Ministerio de Economía y Competitividad una serie de medidas para reforzar y preservar la posición nacional de la empresas de iniciativa social del mundo de la discapacidad, “a fin de evitar los males derivados de la actual fragmentación del mercado interior, con múltiples focos de decisión, muchas veces contradictorios y siempre ineficientes“, explica el Comité.

Así, y con vistas en la futura ley de unidad del mercado interior anunciada por el Gobierno, el CERMI ha propuesto que “la citada regulación incorpore previsiones para que, por ejemplo, los centros especiales de empleo, empresas en que al menos el 70% de su plantilla está compuesta por trabajadores con discapacidad, puedan operar en todo el mercado español, sin exigencias ni restricciones injustificadas impuestas por las comunidades autónomas, que afectan de modo negativo a su competitividad y sostenibilidad”.Centros especiales de empleo

La propuesta, que se enmarca en las medidas dirigidas a garantizar la unidad de mercado en España, tiene como objeto que los centros especiales de empleo “vean simplificados sus trámites de calificación y registro, necesarios para poder actuar en el mercado y, por consiguiente, puedan operar en el mercado español con menores trabas administrativas, lo que mejorará sus niveles de competitividad con otras empresas a las que se les están aligerando también de las mismas”, puntualiza el Comité.

Asimismo, la medida también contempla que los centros especiales de empleo que operan en varias comunidades autónomas no precisen obtener, tal y como sucede en la actualidad, una calificación en cada Comunidad Autónoma, sino que solo se sometan a una en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Contenido común mínimo nacional

El CERMI también ha propuesto al Gobierno que las medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, incluidas las destinadas a centros especiales de empleo, tengan un contenido común mínimo en todo el Estado, que deberá ser ejecutado por las Comunidades Autónomas.

Para ello, y una vez distribuidos territorialmente por el Estado los fondos aplicados a dichas medidas, “las Administraciones de las Comunidades Autónomas deberán abonarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio en el que se transfirieron por el Estado, respetando el contenido común mínimo regulado estatalmente”, explica el CERMI.

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