Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

La ley garantizará el derecho a la atención temprana de los niños hasta los seis años

Publicado el por Somos Pacientes

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha mostrado su satisfacción porque el proyecto de Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ya aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes, consagre el derecho a la atención temprana de los niños desde el nacimiento hasta los seis años, estableciendo el correspondiente deber para las administraciones.

Como destaca el CERMI, “con esta ley se dará respuesta a una demanda sostenida del sector social de la discapacidad, que venía reclamando que una norma estatal, de rango orgánico y vinculante para todos los territorios, regulara la atención temprana al menos hasta los 6 años como derecho de los niños y niñas y de sus familias”.

Imperativo legal

La protección integral de los derechos de los niños con discapacidad es un imperativo internacional vinculante para España recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y que debe ser reflejado en la legislación interna sobre menores.

Concretamente, el texto del Proyecto de Ley establece, en su artículo 11, apartado 5, que “las Administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil”.

Como concluye el CERMI, “cuando esta ley sea derecho positivo, por vez primera, una norma de carácter estatal establecerá la atención temprana hasta los seis años como derecho de los niños y niñas y como deber de la Administración pública, superando así un panorama desigual, discontinuo y frágil en función del territorio de residencia. Nuestro Comité insistirá en la fase de trámite parlamentario del proyecto de Ley en otras propuestas en favor de la inclusión y la protección social de los niñas y niños y adolescentes con discapacidad”.

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