Del CERMI a la DGT

Propuesta para que aparcar en plazas reservadas no quede sin sanción

Publicado el por Somos Pacientes

plaza reservada movilidad reducidaEl Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha remitido una carta a la Dirección General de Tráfico (DGT) para reclamar una reforma normativa que corrija el vacío legal que permite que aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida en espacios de titularidad privada pero de uso público, caso de las plazas de los centros comerciales, quede sin sanción.

Es más; la misiva se acompaña de un informe en el que el CERMI analiza desde un punto de vista jurídico la situación creada por una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona que, en materia de tráfico y como alerta el Comité, “revela un vacío legal que puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados”.

Vacío legal

Concretamente, la sentencia que acompaña a la carta dirigida a la DGT hace referencia a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona) por el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad sin título habilitante en el estacionamiento de un centro comercial.

Como explica el CERMI, “esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública”.

Por todo ello, y con objeto de eliminar esta laguna legal, el Comité solicita a la DGT que inicie los trabajos técnicos de análisis de esta situación problemática y elabore una propuesta normativa para su aprobación por el próximo Gobierno. Y para ello, “realizamos una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública”, concluye el CERMI.

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