Propuestas para mejorar el acceso de los pacientes a las terapias innovadoras

Nueva Ley del Medicamento: avances insuficientes

Publicado el por Somos Pacientes

El Foro Español de Pacientes (FEP) ha remitido al Ministerio de Sanidad sus alegaciones y propuestas al anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, normativa que a día de hoy, a juicio del Foro, avanza solo de modo “muy vago” en algunos objetivos a reformar, no especificando, por ejemplo, qué pautas se van a seguir para la introducción de las terapias innovadoras.

Andoni Lorenzo, presidente del FEP, destaca que “en el documento no encontramos ni una sola mención a la Medicina Personalizada de Precisión, ni a biomarcadores ni a terapias avanzadas. Tampoco se anuncia una sola medida frente al retraso sistemático, crónico y con frecuencia inadmisible en la incorporación de medicamentos innovadores a la cartera de servicios –oncológicos, huérfanos y para otras patologías graves–, pese a estar aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Una demora que en ocasiones de más de 400 días. Y esto afecta de modo injusto a la recuperación de la salud”.

Acabar con las demoras e inequidades

En su escrito remitido a Sanidad, el FEP reclama una legislación sobre medicamentos más participativa, razón por la que considera necesario que haya una representación de las asociaciones de pacientes en la Comisión Permanente de Farmacia para garantizar tanto una mayor transparencia en sus acuerdos como un mejor acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos.

De hecho, el Foro también solicita esta representación de las asociaciones en la Comisión Interministerial de Precios, pues como refiere su presidente, “es de vital importancia que los representantes de los ciudadanos puedan entender y poder alegar o proponer lo que se exponga en las distintas comisiones”.

En la misma línea, el FEP considera que el nuevo marco regulador debe propiciar, y nunca obstaculizar, la incorporación a la cartera común de servicios de aquellos medicamentos que aporten valor para la recuperación de la salud, incorporación que debe hacerse siempre en plazos ciertos, sin demoras burocráticas artificiales y en un tiempo adecuado. A este respecto, apunta Lorenzo, “estamos en contra de la sucesión de evaluaciones y reevaluaciones de medicamentos cuya seguridad, calidad y eficacia ha merecido la autorización de la EMA o de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Esto está demorando mucho el tiempo en el que el nuevo medicamento pueda llegar al paciente”.

También los costes indirectos

Finalmente, y entre otras propuestas, como valorar no solo los costes directos del tratamiento farmacológico sino también los costes indirectos socioeconómicos, fundamentales para el paciente y su familia, la FEP considera necesario establecer indicadores homogéneos sobre coste/efectividad para todas las comunidades y un procedimiento de evaluación y de información a los ciudadanos.

No en vano, concluye el Foro, “la falta de equidad y las desigualdades territoriales contravienen la Ley General de Sanidad y constituyen un problema serio para no pocos pacientes. Por esta razón habría de ponerse fin a la dispersión autonómica de guías y protocolos farmacológicos”.

Para consultar las alegaciones y propuestas del FEP al anteproyecto de Ley pincha aquí.

Según el informe anual ‘Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator)’, encargado por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), a finales de 2021, el tiempo medio que transcurría desde que un nuevo medicamento era aprobado por las autoridades europeas hasta que estaba disponible en España era de 517 días, o lo que es lo mismo, más de 17 meses. En cuanto al otro indicador que mide este informe, la disponibilidad, es decir, el número de nuevos medicamentos que son incluidos en la financiación pública y puestos a disposición de los pacientes, a 1 de enero de 2022 estaban disponibles en nuestro país 85 de los 160 medicamentos aprobados en la UE en el periodo 2017-2020, es decir, el 53%.