El recorte del gasto en atención a la Dependencia es "insostenible e innecesario"

Profesionales de servicios sociales denuncian que la atención a la dependencia está paralizada

Publicado el por Somos Pacientes

De acuerdo con las conclusiones del ‘IX Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia‘, informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el sistema de atención a la dependencia está paralizado desde hace un año, y en algunas comunidades se encuentra en “retroceso“.

El informe muestra como Castilla y León, País Vasco y Andalucía son las comunidades que destacan de manera notable o sobresaliente en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia. En el polo opuesto se sitúan la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, que obtienen la calificación de muy deficiente en la Aplicación de la Escala.

Además, y comparada con la obtenida en dictámenes anteriores, la puntuación baja en la mayoría de las comunidades. Concretamente, la nota desciende en Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha, mientras que Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria suspenden y continúan privando a sus ciudadanos de los derechos de la Ley de Dependencia.

El resultado es que, a nivel general, continúa registrándose un empeoramiento en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012).

Esfuerzos notables en momento de dificultad

Los autores denuncian “el mantenimiento de la inequidad entre territorios autonómicos”. “Existe una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la comunidad autónoma en la que se resida”, señala el informe.

En este contexto, el informe califica como “muy significativa la disminución de personas atendidas en algunas comunidades, pero también es cierto que hay otros territorios en los que, independientemente de la puntuación que obtengan en el dictamen, se aprecian esfuerzos notables en un momento de especialísima dificultad”.

Finalmente, el informe concluye que “que no es sostenible, y además es innecesario, que la Administración Central recorte el gasto en atención a la Dependencia, cuando el 43% de ese gasto retorna a la propia Administración Central en forma de cotizaciones e impuestos”.

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