SALUD MENTAL ESPAÑA se ha sumado a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que el Gobierno central y las Comunidades y Ciudades Autónomas renueven con urgencia el acuerdo que regula el reparto del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinado a programas de interés social. Según afirman, este mecanismo, que expira a finales de 2025, ha sido clave para asegurar la sostenibilidad financiera de miles de iniciativas impulsadas desde el tercer sector en todo el país, especialmente en el ámbito de la discapacidad y la salud mental.

Según la asociación, el sistema actual, acordado tras años de debate y convalidado como un modelo de equilibrio, establece que el 80% de los fondos recaudados se distribuye entre los gobiernos autonómicos y locales, mientras que el 20% restante lo gestiona el Estado a través de convocatorias centralizadas. Esta fórmula ha permitido financiar proyectos sociales en todo el territorio nacional, dotando de estabilidad a las entidades que atienden a colectivos vulnerables, entre ellos, las personas con problemas de salud mental.

La urgencia en la renovación del acuerdo obedece a la necesidad de garantizar que no se produzca un vacío legal o financiero que ponga en riesgo la continuidad de estos programas. Desde CERMI se subraya que quedan pocos meses para que expire el acuerdo vigente, y que iniciar cuanto antes los trámites políticos y administrativos es esencial para evitar disrupciones en la financiación.

La voz del tercer sector y del movimiento asociativo

SALUD MENTAL ESPAÑA, como organización representativa de personas con trastornos mentales y sus familias, ha respaldado el manifiesto del CERMI que reclama mantener el reparto actual. Según la entidad, este sistema ha posibilitado “consenso, estabilidad institucional y colaboración efectiva” entre los diferentes niveles de la administración y las organizaciones sociales.

El manifiesto, dirigido tanto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como a las Comunidades y Ciudades Autónomas, señala que “el 0,7% es la fuente sustancial de financiación de los programas sociales que lleva a cabo el tercer sector de acción social en toda España”. Por tanto, su continuidad no solo es deseable, sino indispensable para sostener las respuestas sociales que requieren miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Salud mental: un ámbito especialmente dependiente del 0,7%

En el caso específico de la salud mental, el fondo procedente de las asignaciones tributarias ha permitido desarrollar proyectos fundamentales en ámbitos como la inclusión social y laboral, la sensibilización, la prevención del suicidio, el acompañamiento a familias o la lucha contra el estigma. Muchas de estas iniciativas, especialmente las que se ejecutan desde entidades sin ánimo de lucro, encuentran en el 0,7% su única vía de financiación.

Por ello, SALUD MENTAL ESPAÑA advierte del riesgo que supondría no renovar a tiempo este acuerdo: “La falta de certezas pondría en peligro servicios de apoyo esenciales y dañaría a quienes ya están en una situación de mayor fragilidad”, alertan desde la organización. En este sentido, reiteran la necesidad de preservar el modelo actual, que ha funcionado como un espacio de encuentro político y técnico, alejando el reparto de fondos sociales de los vaivenes partidistas y de los litigios institucionales.

Estabilidad y confianza para el futuro

El reparto 80%-20% no solo ha permitido distribuir los recursos de forma más proporcional a las necesidades de cada territorio, sino que ha consolidado un sistema de cogobernanza valorado positivamente por todas las partes implicadas. De hecho, desde CERMI se recuerda que esta fórmula ha sido fruto de un proceso complejo que logró superar disputas jurídicas y políticas que, en el pasado, pusieron en peligro la gestión de estos fondos.

Tanto el movimiento de la discapacidad como el resto del tercer sector consideran que es momento de consolidar este modelo, prolongándolo al menos cinco años más, y de hacerlo con la rapidez necesaria para evitar incertidumbres innecesarias. SALUD MENTAL ESPAÑA, por su parte, seguirá impulsando el papel de las entidades sociales en la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, que dependen directamente de una financiación estable y comprometida con su bienestar y participación en la sociedad.

En definitiva, la renovación del acuerdo sobre el 0,7% no es solo una cuestión técnica o presupuestaria: es una decisión política de calado que afectará al presente y al futuro de miles de personas que confían en los programas del tercer sector como garantía de inclusión, apoyo y dignidad.