El progresivo envejecimiento de la población española ha convertido al deterioro cognitivo y la demencia en uno de los mayores desafíos sanitarios y sociales del siglo XXI. Así lo advierte el documento ‘Deterioro cognitivo y demencia en mayores: situación en España’, impulsado por la Fundación de Ciencias de la Salud, que alerta sobre el rápido crecimiento de estas patologías y la necesidad urgente de reforzar la prevención, el diagnóstico precoz y el apoyo a pacientes y cuidadores. En la actualidad, más de 800.000 personas viven con algún tipo de demencia en España, una cifra que podría duplicarse antes del año 2050 si no se adoptan medidas eficaces.
- Te interesa: El sedentarismo acelera el envejecimiento celular
Según recoge el documento, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de deterioro cognitivo y demencia en España, representando entre el 70% y el 77% de los casos. Le siguen otras variantes como la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy o las demencias frontotemporales. La prevalencia de estas enfermedades aumenta exponencialmente con la edad: mientras que afecta al 1% de las personas entre los 65 y los 69 años, alcanza al 40% entre quienes superan los 90 años.
Sin embargo, los expertos coinciden en que hasta un 40% de los casos podrían prevenirse actuando sobre los factores de riesgo modificables. “La promoción de un estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada como la dieta mediterránea, la actividad física regular y la estimulación cognitiva son claves para preservar la salud cerebral. También es importante controlar la hipertensión y la diabetes, reducir el aislamiento social y corregir déficits auditivos”, ha subrayado el Dr. Serra Rexach, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
El desafío del diagnóstico tardío
El informe ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos en geriatría, neurología, bioética, economía de la salud y comunicación, con la participación de miembros de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia (AFA Segovia). Su presentación tuvo lugar en una jornada presidida por Emilio Bouza, patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud y presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces. La coordinación corrió a cargo de los doctores José Antonio Serra Rexach, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y Ángel Berbel García, neurólogo del Grupo de Estudio de Neurofarmacología de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Uno de los principales problemas señalados en el informe es el diagnóstico tardío. De media, transcurren más de 28 meses desde los primeros síntomas hasta la confirmación médica, lo que impide que las personas afectadas participen de forma activa en las decisiones sobre su tratamiento y cuidados. Este retraso se debe, en gran parte, a la falta de concienciación, el estigma social, la insuficiente formación de algunos profesionales sanitarios y la desigualdad en el acceso a pruebas diagnósticas, como la neuroimagen o los biomarcadores.
“El diagnóstico precoz no solo permite iniciar tratamientos más eficaces, sino que también facilita la planificación del futuro del paciente y su entorno familiar. Reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a las pruebas diagnósticas es fundamental para avanzar hacia una atención más eficaz y centrada en la persona”, ha explicado el Dr. Berbel García.
Falta de equidad territorial
El informe también denuncia la falta de equidad territorial en el acceso a servicios especializados. Mientras algunas comunidades autónomas disponen de unidades de memoria multidisciplinares, otras apenas cuentan con recursos específicos para atender estas patologías. “Necesitamos un modelo homogéneo y accesible en todo el territorio nacional, que garantice una atención integral desde el diagnóstico hasta la fase avanzada de la enfermedad”, ha reclamado el Dr. Berbel.
Además del impacto sobre las personas diagnosticadas, el estudio pone el foco en quienes les cuidan: las familias. En la mayoría de los casos, son los familiares quienes asumen la carga del cuidado diario, lo que implica una gran presión física, emocional y económica. Se calcula que el coste medio anual por paciente supera los 25.000 euros, lo que representa un gasto agregado de más de 20.000 millones de euros al año en España.
Esta realidad tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de los cuidadores. Según el informe, muchos de ellos sufren problemas de salud mental, agotamiento y aislamiento, por lo que es imprescindible reforzar los apoyos sanitarios y sociales disponibles. En este sentido, se destaca la necesidad de crear programas basados en evidencia científica que mejoren la preparación de las familias y su capacidad de respuesta ante la progresión de la enfermedad.
“El mayor porcentaje de personas con demencia viven en su domicilio, gracias a la implicación de sus familias, que ofrecen una atención continuada. Pero la evolución de la enfermedad aumenta la dependencia y las necesidades de cuidado, lo que sobrepasa a muchas familias. Desde AFA Segovia ofrecemos información, orientación y apoyo a lo largo de todo el proceso”, ha explicado Elena Jiménez Gómez, psicóloga de esta asociación.
Ayuda de las administraciones
A través de este informe, la Fundación de Ciencias de la Salud hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para que impulsen medidas estructurales que permitan reforzar la atención primaria, crear más unidades de memoria multidisciplinares y garantizar el acceso equitativo a biomarcadores y terapias emergentes. También se destaca la necesidad de lanzar campañas de sensibilización pública para combatir el estigma social y fomentar el diagnóstico precoz.
“Estamos ante una emergencia silenciosa que requiere una respuesta urgente, integral y multidisciplinar. No podemos seguir ignorando una realidad que ya afecta a cientos de miles de personas y que, con toda probabilidad, nos tocará vivir de cerca a todos”, ha concluido el Dr. Serra. Con una población cada vez más envejecida, los expertos insisten en que invertir en la salud cerebral no es solo una cuestión médica, sino también una prioridad social y económica. El reto está sobre la mesa. Ahora, toca actuar.
