La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA publica el ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, 2024’, una publicación de carácter anual que analiza la situación de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental en España, orientado a combatir prejuicios y proponer mejoras. El documento, elaborado por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

A través de sus resultados, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia la grave vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la salud mental, y exige un cambio de paradigma que sitúe el bienestar emocional de las personas menores en el centro de las políticas públicas.

Los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes han ido en aumento en los últimos años y están vinculados a importantes cargas psicosociales, económicas y de salud física, tanto para las personas menores afectadas, como para sus personas allegadas y quienes se ocupan de su cuidado. Tal y como se recoge en el Informe, el Barómetro de UNICEF España 2023-2024 destaca que el 41,1 % de las personas jóvenes de entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año. En cambio, más de la mitad (51,4 %) no ha pedido ayuda, el 56% no busca soporte en su centro educativo porque no confía en las figuras del profesorado u orientación, y 4 de cada 10 no pide apoyo porque no sabe a quién ni dónde acudir.

Relacionada con la cuestión de la violencia y la carencia de atención especializada a menores, la Confederación señala la utilización de medidas como la contención, el aislamiento y la sobremedicación de niños, niñas y adolescentes, y reclama el uso de medidas alternativas: “Existen otro tipo de medidas menos lesivas, pero para ello es preciso aplicar un nuevo paradigma de cuidados en los términos que se detallan en el informe”, señala Muñoz Escandell.

Medidas urgentes

Para abordar la situación, el Informe plantea medidas urgentes, como fortalecer los programas y servicios de prevención, detección precoz y atención de la salud mental para los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Atención Primaria y los sistemas sanitarios autonómicos. De igual modo, se sugiere la creación de una red específica y especializada de salud mental de calidad para la atención de 0 a 18 años y se exigen actuaciones para alcanzar las cero contenciones.

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA considera necesario consolidar la definición de indicadores de riesgo en el sistema educativo, promover actuaciones de prevención y detección precoz de problemas de salud mental y mejorar la coordinación del centro educativo con las instituciones sanitarias y sociales. Para ello, es clave impulsar la regulación y la formación habilitante de la figura de Coordinación de Bienestar y Protección de la Infancia establecida en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). También es importante sensibilizar sobre salud mental y estigma, mediante una asignatura de educación emocional en las escuelas.

Salud mental y mujer

El documento detalla una serie de problemas detectados en la implementación de la Ley 8/2021, que instauró un nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aunque se pide a las Administraciones competentes estudiar la situación y hacer un diagnóstico en profundidad. Una de las vulneraciones sigue apuntando al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual regula el internamiento forzoso autorizado judicialmente, en clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 14 CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y que, en la práctica, tiene lugar de forma automática y refleja la clara preeminencia del dictamen médico psiquiátrico sobre la voluntad de la persona que, desde el momento en que debuta con una primera crisis, es tratada por el sistema como una verdadera incapaz a la que no le corresponde la toma de decisión sobre su salud y su libertad.

El informe dedica un bloque a analizar el cumplimiento del derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación. En él, se expone la sobrecarga mental de las mujeres en el trabajo, relacionada con el estrés y las largas jornadas laborales, la mayor carga de responsabilidades en las tareas del hogar, el sometimiento a una situación de inseguridad en el puesto de trabajo y el trabajo con dolor, tal y como muestra el estudio de Deloitte ‘Mujeres en el trabajo 2024’. SALUD MENTAL ESPAÑA recomienda apostar por medidas para fomentar la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Respecto a la lacra de la violencia machista, destaca que, según el estudio ‘Mujer y Salud Mental’ (2018), publicado por la Federación Salud Mental Castilla y León en el marco del Proyecto JULIA, el 81 % de las mujeres entrevistadas había sufrido violencia de género y padecía problemas de salud mental agravados por el aislamiento y la falta de recursos en entornos rurales. El Proyecto JULIA: Mujeres Rurales y Salud Mental, puesto en marcha por la entidad a raíz del estudio, apuesta por estrategias de bienestar emocional como el empoderamiento de las mujeres, la creación de redes de apoyo y la prevención de la violencia de género.

Situaciones de riesgo, accesibilidad psicosocial

Entre otras, en el nuevo informe, se sigue demandando que se regule la accesibilidad psicosocial, a fin de contar con entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permitan la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental. Para ello, SALUD MENTAL ESPAÑA propone modificar el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y aprobar el correspondiente Reglamento, a fin de establecer y regular la accesibilidad psicosocial y sus condiciones básicas de exigencia y aplicación.

Este año, se profundiza en otros temas transversales a la salud mental, como el derecho a la seguridad y protección en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales. En este punto, se visibiliza la respuesta de apoyo de la Confederación ante la DANA en la Comunidad Valenciana.

Por último, con la intención de garantizar una atención a la salud mental de calidad, se reclaman, entre otras medidas, la adopción, en las políticas públicas, de una perspectiva basada en los derechos humanos; humanizar el sistema, poniendo a las personas en el centro e incorporando a las que tienen experiencia propia en salud mental como sujetos activos y no como objetos de tratamiento; apostar por un enfoque preventivo y la detección temprana; reforzar la Atención Primaria, como puerta de acceso a la atención en salud mental; y desarrollar sistemas abiertos en las Unidades Hospitalarias de Agudos.

Una década reportando sobre los derechos humanos en salud mental

Se trata del décimo año consecutivo en el que la entidad señala, a través de este informe, las vulneraciones de derechos, las carencias en la atención sociosanitaria y, también, logros, buenas prácticas y recomendaciones en materia de salud mental en España.

Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, valora el recorrido de esta primera década: “Si echamos la vista atrás y analizamos aquellos primeros informes, nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, la situación apenas ha evolucionado. Queda mucho por hacer: las vulneraciones de derechos están a la orden del día”.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, llama la atención sobre la necesidad de ahondar en cambios estructurales que mejoren y protejan la salud mental de la población. “El dolor humano, lejos de disminuir, no hace más que incrementarse. Es cierto que los avances en la mitigación del dolor físico son incuestionables, pero parece que no hemos logrado un avance equivalente en la mitigación del dolor psíquico, más bien al contrario. De hecho, en nuestra sociedad, muchos de los malestares que sufrimos tienen un componente político, es decir, provienen de las estructuras y exigen, por tanto, cambios estructurales impulsados desde la voluntad política”.