Uno de los retos que ha traído al sistema sanitario el progresivo envejecimiento poblacional es el de la salud bucodental, que suele prestarse en la mayoría de los casos dentro del sector privado. Según el informe Análisis económico del coste de la ampliación de la cartera de salud bucodental para personas adultas mayores de 65 años, presentado recientemente por Donte Group, el 20,1% de la población —más de 9,5 millones de personas— supera actualmente los 65 años, y se espera que esta cifra alcance el 30,5% en 2055.
Por otra parte, cerca del 98% de la atención dental para mayores se presta en el sector privado, lo que implica una barrera económica significativa para quienes tienen pensiones bajas o están en situación de vulnerabilidad. El estudio señala que el 99,8% de este grupo ha sufrido caries alguna vez, y un 40,1% sigue con caries activas. Además, un 72,5% presenta pérdida dental grave y un 39,4% tiene cálculos dentales.
Estas patologías comprometen la calidad de vida y tienen una relación directa con la salud general. Así lo recuerda Clara Esteban, directora médica de Donte Group, según la cual una mala salud bucodental puede agravar o precipitar enfermedades crónicas como la diabetes o afecciones cardiovasculares. “Mejorar la atención bucodental es clave para prevenir complicaciones médicas, reducir hospitalizaciones y promover una mayor autonomía en la vejez”, explica.
Sostenibilidad del sistema
Desde la Fundación Edad & Vida, su directora general María José Abraham destaca que las personas mayores en situación de dependencia concentran hasta el 70% del gasto sanitario. Sin embargo, una atención integrada —que incluya la salud bucodental— podría generar ahorros públicos de entre el 10% y el 20%, al evitar tratamientos más costosos derivados de complicaciones prevenibles.
El informe estima que ampliar la cobertura pública bucodental para los mayores de 65 años supondría un coste anual de entre 517 y 853 millones de euros. “Es una inversión perfectamente asumible si se consideran los beneficios a medio y largo plazo, tanto en términos de salud como de reducción del gasto sanitario”, afirma Alberto Montero Soler, economista y autor del estudio.
Para optimizar los recursos, la propuesta de Donte Group pasa por una colaboración público-privada que aproveche la red existente de clínicas privadas mediante convenios específicos. Además, se sugiere ajustar los copagos según los ingresos, para garantizar un acceso equitativo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, advierte que “ampliar la cobertura pública bucodental no es solo una cuestión de salud, sino de equidad, dignidad y justicia en una sociedad que envejece. No podemos permitir que el acceso a algo tan básico dependa del nivel de renta”.
