El impuesto para el pan y la harina para cereales sin gluten ha subido del 8% al 10%

Denuncian la desigualdad del colectivo celíaco ante la subida del IVA

Publicado el por Somos Pacientes

La Asociación de Celiacos de Castilla-La Mancha (ACCLM) ha denunciado “la clara situación de desigualdad” en la que se encuentra el colectivo celiaco respecto a la subida del IVA que se aplica a los productos sin gluten de primera necesidad, caso del pan o de la harina para cereales, que el pasado 1 de septiembre se incrementó del 8% al 10%.

La subida, como recuerda la ACCLM, “ha supuesto un importante aumento en la cesta de la compra”. Y es que con independencia de la subida del IVA, los productos sin gluten ya tienen un precio más elevado que aquellos que sí lo contienen, por lo que se estima que, como promedio y frente a las personas que no padecen la enfermedad, las personas con celiaquía deben invertir 127,10 euros mensuales adicionales en su cesta de la compra.

Ahora, con la actual subida al 10% del IVA aplicable al pan y la harina de cereales sin gluten, “el aumento es mucho mayor y pasa a convertir estos alimentos en un artículo de lujo para los celíacos”, indica la ACCLM.

Por un IVA súper-reducido del 4%

Con objeto de revertir esta situación, la ACCLM ha solicitado el estudio y aplicación de las oportunas medidas para que el pan sin gluten, tal y como sucede con el pan común con gluten, sea gravado con el tipo súper-reducido del 4% o, cuando menos, “no aumente al 10%”.

La ACCLM ha transmitido esta situación a distintas organizaciones y representantes políticos para que así puedan entender la “clara desigualdad en la que se encuentra el colectivo celiaco y el perjuicio económico que ello supone”. Entre las distintas acciones acometidas cabe resaltar la recogida de firmas llevada a cabo en la página web de la asociación para solicitar a P. Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo, la retirada del incremento del IVA en pan y harina sin gluten a celiacos.

Asimismo, la ACCLM ha criticado el incumplimiento de algunos artículos de la Constitución Española, caso del 51.1, en el que se indica que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.

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