El Senado aprueba la nueva ley con las propuestas del CERMI

Productos etiquetados en braille para consumidores con discapacidad visual

Publicado el por Somos Pacientes

El pleno del Senado ha aprobado la ‘Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica’, normativa que, entre otras medidas, recoge la regulación, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del etiquetado en braille de los productos de consumo.

Como explica Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, “celebramos que la iniciativa haya contado con un amplio respaldo en el Senado. Desde nuestra organización seguiremos planteando medidas para tener presente las necesidades de las personas con discapacidad como usuarias de bienes de consumo”.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas concede al braille reconocimiento y protección máximas como parte esencial de la comunicación, como elemento de accesibilidad, como contenido integrante de la libertad de expresión y opinión y de acceso a la información, y como materia educativa que ha de formar parte del aprendizaje y el currículo de las enseñanzas.

En este contexto, la nueva normativa, procedente del Real Decreto Ley 1/2021, de 19 de enero, regulará el etiquetado en braille de los productos de consumo como medio de protección de los derechos de los consumidores con discapacidad visual que conocen y usan este sistema de lectoescritura y, asimismo, definirá otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

Tras la aprobación en el Senado, la Ley, que como destaca el CERMI supone “un logro que enriquece y hace más justo a este país en la esfera de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, contará con un plazo de un año para desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille con el que paliar el déficit de protección que sufren las personas ciegas y con discapacidad visual a la hora de acceder a información esencial.

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