Las personas con discapacidad deben ser atendidas con garantías también en las UCI

Bases jurídicas para una atención sin discriminación por discapacidad

Publicado el por Somos Pacientes

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha elaborado un argumentario jurídico de urgencia para que las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias puedan exigir una atención médica sin discriminaciones por motivos de discapacidad en la pandemia del coronavirus y, en caso negativo, poder denunciar las situaciones de discriminación amparándose en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Como denuncia el CERMI, “la pandemia del COVID19 está comportando un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad y sus familias, que no puede asumirse sin más, como si fuera algo inevitable y fatal. La protección y el respeto de los derechos humanos en toda su amplia gama, incluidos los derechos económicos y sociales y los derechos civiles y políticos, constituye un elemento fundamental para el éxito de la respuesta a esta crisis de salud pública”.

Atención sin prejuicios ni sesgos

Entre otras cuestiones, el argumentario jurídico recuerda que toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, así como de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’ y, por tanto, de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria.

En consecuencia, recuerda el CERMI, “no podrán seguirse criterios clínicos o asistenciales que adolezcan de sesgos por razón de discapacidad o de edad y que supongan un trato desigual desfavorable por esos motivos. Así, y en caso de necesitar atención hospitalaria, las personas con discapacidad deberán ser derivadas con todas las garantías, incluidas las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)”.

Asimismo, el Comité exige que se garantice la seguridad de las personas con discapacidad que viven en centros residenciales y del personal que trabaja en ellas; y que todos los planes de preparación y respuesta sean inclusivos y accesibles para las mujeres con discapacidad, presentándose una especial atención a las madres y cuidadoras.

En este contexto, concluye el CERMI, “mostramos nuestra plena disposición en materia de cooperación y asesoramiento al Gobierno para que todas las medidas que se adopten se configuren desde un enfoque inclusivo que incluya la discapacidad en la crisis del COVID-19, además del enfoque de género”.

Para descargar el argumentario jurídico clica aquí.

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