El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para conocer si la oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.

Como informa la Oficina del Defensor del Pueblo, “las quejas recibidas en nuestra Institución reflejan una insuficiente presencia de psicólogos en los centros especializados de salud mental. Esta carencia de profesionales provoca que sea habitual que los tiempos entre consulta y consulta puedan alargarse hasta los tres meses, para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor”. 

Psicólogos y psiquiatras insuficientes

Entre otras reclamaciones, la Oficina del Defensor del Pueblo recibe quejas habituales de personas cuyo tratamiento se ha limitado a la medicación prescrita por su médico de Atención Primaria y que solo han sido derivados a un centro especializado cuando ya se ha agravado su cuadro clínico”.

Como explica la Institución, “según los datos disponibles, la tasa de psicólogos por habitante continúa siendo en nuestro país muy inferior a la de la mayoría de países desarrollados, si atendemos a la demanda percibida y a los estudios de diverso tipo llevados a cabo en esta materia”.

Así, el informe de la Ponencia de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) establece una tasa de 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes y estima las necesidades de provisión para alcanzar la media europea –18 psicólogos por cada 100.000 habitantes– en unos 7.200 profesionales.

Como apunta la Institución, “en los últimos años, las convocatorias anuales de formación sanitaria especializada han sido de alrededor de 120-130 plazas para psicólogos internos residentes. La falta de profesionales psicólogos en el sistema público de salud se suma a la también carencia de profesionales psiquiatras, cuya tasa en España es también notoriamente inferior a la media de la Unión Europea”.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado a las distintas Administraciones públicas que envíen cifras actualizadas sobre la atención psicológica que se ofrece en centros públicos y concertados, tanto de Atención Primaria como especializados. En concreto, quiere conocer las tasas actuales de profesionales y un diagnóstico sobre las necesidades de incremento de dotación de psicólogos clínicos para atender las necesidades que demandan los ciudadanos.

Es más; como indica la Institución, “también queremos conocer si las diferentes administraciones autonómicas tienen previsto incrementar la oferta de asistencia psicológica en general y, concretamente, en el nivel de Atención Primaria”.

Mayor esfuerzo e inversión

La atención a la salud mental fue uno de los asuntos tratados por el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2017.

Como refiere la Institución, “a pesar del gran esfuerzo que realizan los profesionales y las entidades sociales de apoyo a los pacientes de salud mental, las quejas de los ciudadanos en esta materia revelan una insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.

En este contexto, tanto la detección precoz como la intervención temprana resultan especialmente relevantes en la salud mental. Por ello, y según la opinión de la Institución, “es necesario dedicar más esfuerzo e inversión a estos aspectos, ya que el consenso científico avala que mejoran mucho las expectativas de rehabilitación, el pronóstico y el bienestar de los pacientes y suponen un ahorro para el Sistema a largo plazo”.

– A día de hoy, 325 asociaciones de pacientes dedicadas a los trastornos mentales ya son miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?