La directora general de Salud Pública de Islas Baleares, Antònia Elena Esteban Ramis, ha anunciado que el Gobierno regional está trabajando en una normativa específica para regular la prevención, detección y atención de la anafilaxia en los centros educativos. Así lo ha asegurado en una jornada organizada por la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (Aepnaa) en el Congreso de los Diputados, bajo el lema Cada minuto cuenta, en la que se ha presentado un manifiesto para reclamar una normativa similar a nivel nacional.

La futura regulación balear tiene como fin garantizar la seguridad de los menores con alergias graves en sus colegios e institutos, y se convertiría con ella en la primera comunidad autónoma en legislar en este ámbito. Entre las medidas que incluirá están la formación del profesorado, la integración de protocolos de actuación y la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina.

Unas medidas que se repiten en el manifiesto de Aepnaa, que incluye reivindicaciones de pacientes y familias. También plantea la necesidad de planes individualizados para los menores en riesgo y una mejor coordinación entre los sistemas sanitario y educativo.

Para Aepnaa, el compromiso anunciado por Baleares supone “la mejor noticia posible”, al traducir en medidas concretas años de trabajo del movimiento asociativo. El objetivo es garantizar la seguridad de miles de menores independientemente del centro en el que estudien.

Actuar ante la anafilaxia

La anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida en cuestión de minutos. Así lo ha expresado Cristina Ortega, de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap), y ha insistido en que una respuesta rápida es fundamental, lo que hace imprescindible que el entorno escolar esté preparado.

Sin embargo, la realidad actual evidencia importantes carencias. Según Ignacio Dávila, de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), menos del 15% de los docentes reconoce un autoinyector de adrenalina, lo que pone de relieve la necesidad urgente de formación y de un marco normativo claro.

Ambos especialistas han respaldado el manifiesto junto con Mª José Torres, presidenta de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI). Esta última ha señalado que países como Reino Unido ya han implantado medidas obligatorias en los centros educativos, incluyendo formación y disponibilidad de autoinyectores.

Familias que viven con incertidumbre

El acto también dio voz a familias de menores con alergias alimentarias, que relataron las dificultades a las que se enfrentan en el día a día. La incertidumbre, el miedo a reacciones graves y las barreras en actividades escolares forman parte de una realidad cotidiana.

En muchos casos, esta situación se traduce en exclusión en excursiones o celebraciones, así como en una carga emocional constante para los menores y sus cuidadores.

Además, el impacto social es significativo: cerca del 40% de los menores con alergias alimentarias afirma haber sufrido acoso relacionado con su condición, lo que añade una dimensión más al problema.

Cambio de cultura

Más allá de la normativa, el reto pasa por transformar la forma en la que se abordan las alergias alimentarias en el entorno escolar. “El objetivo es construir una nueva cultura en los centros educativos” en la que esta condición deje de ser invisible y se trate con responsabilidad, señaló el presidente de Aepnaa, Ángel Sánchez.

Éste ha destacado que el manifiesto supone un nuevo paso tras años de trabajo con administraciones y comunidades autónomas, y ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una legislación que garantice la igualdad de derechos con independencia de en qué comunidad autónoma esté escolarizado el alumno con alergia alimentaria.