Reclama un organismo de control que garantice un uso adecuado

CEAFA denuncia que algunas comunidades «hacen caja» con los presupuestos para dependencia

Publicado el por Somos Pacientes

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias (CEAFA), miembro de Somos Pacientes, exige reducir las listas de espera de la dependencia, simplificando los trámites burocráticos de la solicitud de valoración y facilitando tanto el dictamen como el acceso a los diferentes recursos y servicios previstos por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de ‘Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’.

De acuerdo con los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el pasado 2021 fallecieron 46.300 personas en estas listas de espera, de las que 18.356 quedaron pendientes de resolución de su grado de dependencia y 27.944 pendientes de resolución de prestación.

Como explica Mariló Montero, presidenta de CEAFA, “la Ley 39/2006 es el instrumento en el que miles de personas tienen puestas sus esperanzas para paliar, en gran parte, sus complicadas situaciones de vida generadas por una enfermedad, y estas cifras ponen de manifiesto la falta de recursos y personal cualificado. Por ello, también reivindicamos que se revise y se adapten los recursos existentes conforme avanza la enfermedad, como las terapias no farmacológicas, además de la formación de equipos de valoración y la incorporación de más profesionales en aquellas comunidades autónomas en las que no llegan a cumplir con tiempos de espera razonables”.

396.787 personas en listas de espera

La inversión pública en atención a la dependencia ascendió en 2021 hasta los 9.559 millones de euros. Sin embargo, fueron hasta 11 las comunidades que, ese mismo año, disminuyeron el gasto público destinado a la atención a personas en situación de dependencia: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha.

Ante esta situación, recuerda Almagro, “una de las luchas que mantiene nuestra entidad es la de evitar las desigualdades territoriales en muchos aspectos como los sanitarios, diagnósticos, etc., y también en la inversión en dependencia. ¿No sería posible establecer unos requisitos mínimos comunes para intentar evitar estas desigualdades, por ejemplo, en tiempos de valoración, en prestaciones idénticas según el grado y el nivel de dependencia, en recibir la prestación o el recurso más apropiado según la fase de la enfermedad y la necesidad del paciente?”.

Además, el pasado año hubo hasta 75.776.923 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que se devolvieron a las arcas del Estado. Una cuantía, “que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas dependientes”, apunta la presidenta de CEAFA, que asimismo denuncia que “algunas comunidades ‘hicieron caja’ con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”.

Por ello, la Confederación también reclama la existencia de un organismo de control que garantice que el presupuesto que se destina a dependencia se invierta en lo que corresponde. Y es que, mientras tanto, “396.787 personas están a la espera de un procedimiento y el tiempo de espera medio es de 421 días”, concluye su presidenta.

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