El Congreso aprueba una inyección de 6.200 millones de euros para dependencia

Las personas con discapacidad o en situación de dependencia contarán en breve con un sistema de apoyos más flexible, personalizado y orientado a favorecer su autonomía, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La norma, que continuará ahora su tramitación en el Senado, incorpora nuevos servicios, reduce trabas administrativas y refuerza el derecho a recibir cuidados en el entorno habitual de las personas, una de las principales demandas del movimiento asociativo.

La reforma ha salido adelante junto a un paquete de financiación extraordinario que movilizará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, una inversión con la que el Gobierno espera reducir de forma significativa las listas de espera y ampliar el número de personas atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

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Uno de los principales objetivos de la reforma es adaptar el sistema a una realidad marcada por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas y las situaciones de dependencia. Para ello, el nuevo texto apuesta por que sean los recursos y servicios los que se adapten a las necesidades de cada persona, y no al contrario.

Entre las novedades figura el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho, la creación de nuevos servicios de apoyo en viviendas, la posibilidad de prestar ayuda a domicilio también fuera del hogar —por ejemplo, para acompañar a una consulta médica o realizar gestiones— y la incorporación de un sistema de préstamo de productos de apoyo para la autonomía personal, como sillas de ruedas eléctricas, grúas o andadores.

La reforma también elimina algunas limitaciones que existían hasta ahora en la compatibilidad entre prestaciones y abre la puerta a que personas del entorno cercano, aunque no mantengan un vínculo familiar, puedan recibir una prestación económica por asumir los cuidados cuando así lo requiera la persona dependiente.

Otro de los cambios más relevantes afecta a la simplificación de los procedimientos administrativos. La nueva norma establece una pasarela que permitirá reconocer automáticamente un grado de discapacidad a las personas que ya tengan reconocida una situación de dependencia, evitando duplicar valoraciones.

Así, quienes obtengan un grado I de dependencia accederán directamente a un reconocimiento del 33% de discapacidad, mientras que los grados II y III equivaldrán a un 65%, reduciendo tiempos de espera y trámites para acceder a derechos, prestaciones y recursos.

La reforma también incorpora el compromiso de reducir progresivamente los plazos de resolución de los expedientes y consolida el objetivo de que la Administración General del Estado financie el 50% del coste del sistema, una reivindicación histórica de las comunidades autónomas y de numerosas entidades sociales.

Muchas organizaciones vinculadas a la discapacidad y la dependencia han recibido de forma favorable el contenido de la reforma. Como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), desde donde se aplaude especialmente la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia, para que las personas puedan acceder a apoyos que hasta ahora no podían compatibilizar.

La organización también destaca: la ampliación del catálogo de servicios, incorporando nuevos modelos de apoyo para la vida independiente; el impulso de la asistencia personal como prestación para favorecer la autonomía; el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho; la incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal y la simplificación de numerosos procedimientos administrativos para reducir la burocracia que dificultaba el acceso al sistema.

«Valoramos positivamente que esta reforma avance hacia un modelo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir cómo quieren vivir y qué apoyos necesitan para desarrollar su proyecto de vida. Ahora es necesario que todos estos avances lleguen realmente a las personas«, señala el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.

También el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, se ha mostrado favorable al considerar que «no hay nada en el proyecto de ley que no sea un avance o que no mejore el punto de partida», si bien ha señalado que todavía existen aspectos susceptibles de seguir desarrollándose durante la tramitación parlamentaria.

La inyección económica de 6.200 euros adicionales en el campo de la discapacidad y la dependencia también ha sido aplaudida desde las organizaciones que representan al colectivo. Sobre todo porque, con estos recursos, se pretende reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales del sector y ampliar la cobertura de los servicios. Según las previsiones del Ministerio de Derechos Sociales, la inversión permitirá atender a cientos de miles de personas más y reducir de forma notable el número de ciudadanos pendientes de recibir una prestación o servicio.

Cocemfe recuerda que la falta de accesibilidad continúa siendo una de las principales barreras para la vida independiente. Una de cada cuatro personas con discapacidad ha tenido que cambiar de vivienda por problemas de accesibilidad; alrededor de 100.000 personas no pueden salir nunca de casa y 1,8 millones solo pueden hacerlo con ayuda de otra persona. Esta situación limita el acceso al empleo, la educación, la atención sanitaria o la participación social.