El acceso a los medicamentos, tanto innovadores como clásicos, se ha convertido en uno de los principales retos de los sistemas sanitarios europeos. Así lo ha asegurado César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en unas declaraciones para Somos Pacientes. Hernández ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre sostenibilidad e innovación para garantizar que los pacientes puedan beneficiarse de los tratamientos en tiempos adecuados.

El responsable ministerial considera que la política farmacéutica europea debe avanzar hacia “un reequilibrio del sistema” que permita que este sea “sostenible, asequible y equilibrado”, sin que ello suponga un freno a la incorporación de la innovación. “Esta innovación tiene que producirse de manera continua y ajustada a los tiempos con los que los productos van llegando a Europa o a España”, ha subrayado.

Hernández ha defendido, además, los esfuerzos realizados en España para reducir los tiempos de acceso a nuevos tratamientos, aunque reconoce que se trata de un escenario condicionado por factores internacionales y por decisiones regulatorias de otros países. “Es un mundo muy global y depende mucho de las políticas que se desarrollan fuera, por ejemplo de las políticas de presión en Estados Unidos, que tienen un impacto en Europa y en España que todavía estamos viendo cómo cuantificar”, ha explicado.

El valor social de los medicamentos

Durante su intervención, también ha puesto el foco en el denominado “valor social” de los medicamentos y de las tecnologías sanitarias, un concepto cada vez más presente en el debate sanitario. Según ha explicado, a la hora de decidir la incorporación de una innovación al sistema sanitario no solo debe tenerse en cuenta el impacto clínico sobre el paciente o el propio sistema de salud, sino también otros factores relacionados con la calidad de vida, la productividad o la integración social.

Sin embargo, el director general reconoce que todavía existen dificultades para trasladar ese valor social a los procesos de financiación y fijación de precios de los medicamentos, especialmente porque los presupuestos públicos no siempre permiten integrar de forma sencilla beneficios que repercuten en ámbitos distintos al sanitario. Aun así, considera que el valor social “debe tenerse en cuenta” a la hora de justificar acuerdos de financiación o compra de medicamentos, aunque advierte de que no puede convertirse en un elemento que implique automáticamente un incremento del precio de los tratamientos.

En relación con la posibilidad de medir el valor social de los medicamentos, Hernández ha afirmado que sí es posible hacerlo y que, de hecho, ya existen metodologías para ello. No obstante, ha advertido de que vincular completamente el acceso a los tratamientos a una medición exacta de este valor puede ralentizar la toma de decisiones. “Muchas veces nos mete en discusiones muy difíciles de resolver y sería mucho más práctico incorporarlo y moverlo hacia dentro que perder tiempo en ese tipo de debates”, ha afirmado. En este sentido, ha defendido que el propio sistema sanitario acaba resolviendo muchas de estas dudas a través del uso real de las tecnologías y de su impacto posterior en la práctica clínica y social.