Salud Pública

Argumentos para actualizar con urgencia la ley antitabaco

Por Sara Weidberg y Roberto Secades
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El tabaquismo continúa siendo a día de hoy uno de los problemas de salud pública más importantes y la primera causa de muerte evitable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, de las más de 8 millones de personas que mueren anualmente a causa del tabaco, alrededor de 7 millones son víctimas directas de su consumo.

Fumar no es una decisión libre tomada por un adulto informado

A pesar de los argumentos esgrimidos por los fumadores (especialmente por aquellos que no quieren dejar de fumar), fumar tabaco rara vez es una decisión libre llevaba a cabo por un adulto informado. Como ocurre con muchas otras sustancias, los primeros consumos se realizan más por presión grupal que por el efecto del tabaco per se. De hecho, suele resultar aversivo en los consumos iniciales. A medida que la conducta adictiva se instaura, tampoco se fuma porque se quiere, sino porque existe una evidente falta de control sobre la nicotina.

La gran mayoría de los fumadores son conscientes de que fumar genera potenciales problemas de salud a múltiples niveles. Sin embargo, al intentar dejar los cigarrillos aparecen sensaciones físicas y psicológicas desagradables (esto es, el síndrome de abstinencia) que solo parecen aliviarse fumando.

Algunos fumadores consiguen romper este bucle adictivo sin ninguna ayuda (lo que se denomina autocambio). Otros muchos precisan de algún tipo de recurso externo. El tratamiento psicológico y/o farmacológico son las opciones más eficaces y más comúnmente empleadas.

Por otra parte, en contra del tópico equivocado de que la prohibición alimenta el problema de las drogas, las medidas de regulación legal pueden constituir un recurso altamente eficaz para ayudar a las personas a dejar de fumar, o al menos a reducir significativamente su consumo.

El consumo de tabaco se ha estancado

Han transcurrido más de 10 años desde la última reforma de la ley antitabaco (Ley 42/2010) en España. En ese tiempo, el consumo de tabaco en España prácticamente se ha estancado. Los datos epidemiológicos aportados por el Plan Nacional sobre Drogas evidencian que las prevalencias del consumo de tabaco diario se mantienen estancadas en España, con cifras que oscilan entre el 30,4% y el 34% en la última década. Y la edad media de inicio en el consumo (cualquier consumo, no diario) se mantiene estancada en torno a 16,6 años.

Fumar en España sigue siendo excesivamente barato y accesible, también para los menores. Por eso necesitamos una actualización oportuna de las medidas legales que regulan el consumo de tabaco, así como su venta, suministro y publicidad. El Ministerio de Sanidad ya trabaja en la creación de una nueva ley antitabaco que implante algunas de las nuevas medidas ya incluidas en el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025.

¿Cuánto deben subir los impuestos al tabaco para que contribuya a reducir su consumo?

Entre otras medidas, se baraja la subida de impuestos al tabaco y a sus derivados. Ahora bien, para que sea eficaz y se traduzca en una disminución continuada de las prevalencias de consumo, la elevación del precio ha de ser sustantiva.

En concreto, estudios longitudinales, llevados a cabo en países pioneros en materia de regulación antitabaco como Australia, demuestran que una subida de impuestos al tabaco de al menos un 25% reduce de inmediato su consumo (0,745%), a la vez que disminuye la prevalencia de consumo mantenida a lo largo del tiempo (0,023% mensual).

Otro de los aspectos clave que la nueva ley deberá controlar es el empaquetado neutro, esto es, libre de información promocional, menos atractivo a nivel visual y con las advertencias sanitarias más llamativas. Esta medida ya es una realidad en varios países europeos como Francia, Inglaterra e Irlanda, y la evidencia científica la avala.

De nuevo, datos australianos evidencian que el empaquetado neutro reduce significativamente la prevalencia de consumo, incrementa la disposición para dejar de fumar y la efectividad de las advertencias sanitarias de las cajetillas, a la vez que reduce el atractivo de estas últimas.

Ampliar los espacios libres de humo

Otra de las medidas no exentas de polémica que se barajan en el mencionado borrador tiene que ver con la ampliación legislativa de los espacios libres de humo. Incluiría las proximidades de edificios públicos, parques infantiles, terrazas de bares o restaurantes o espacios de dominio privado, como el vehículo propio.

Se trata, en cierta manera, de dar un empuje decisivo a medidas de prevención ambiental ya adoptadas por las comunidades autónomas con motivo del covid-19, que prohíben fumar en la vía pública o en espacios al aire libre si no se respeta una distancia interpersonal mínima.

Estas medidas, especialmente las que atañen al sector hostelero o al ámbito privado, suelen ser objeto de fuerte discusión antes y durante su implantación inicial. No obstante, el informe de evaluación de las políticas de control de tabaquismo en España, elaborado por la Sociedad Española de Epidemiología, muestra cómo la aceptabilidad de la prohibición del consumo de tabaco en el interior de los centros de trabajo y en los espacios públicos aumentó después de la entrada en vigor de la ley 42/2010, incluso entre los propios fumadores.

Es por ello por lo que no hay razones para dudar de la aceptación social de la ampliación de los espacios libres de humo una vez normalizada la implantación de la nueva ley. El servicio en terrazas constituye en la actualidad una gran fuente de ingresos para este sector en España. No parece razonable creer que prohibir fumar en las terrazas vaya a producir una grave crisis en las arcas del sector hostelero.

Regular la publicidad, también en redes sociales

Otra de las medidas puestas sobre la mesa en el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 tiene que ver con equiparar la regulación legal de la publicidad de los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado a la de los cigarrillos convencionales.

También se hace necesario regular la publicidad en nuevas plataformas como las redes sociales, para las que hay un evidente vacío legal. De nada sirve prohibir “la comunicación comercial de cigarrillos y demás productos de tabaco, así como de las empresas que los producen” (así lo estipula la ley 7/2010 de Comunicación Audiovisual), si se permite que las compañías de cigarrillos electrónicos paguen a personajes influyentes de diversas redes sociales para que suban contenido promocionando sus productos o usándolos directamente.

Legislar es compatible con educar

Si el objetivo final del Ministerio de Sanidad es reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, y, en consonancia con la OMS, disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en un 30% para 2025, las medidas anteriormente discutidas han de ser aplicadas de forma rigurosa. Es inútil establecer nuevas medidas si no se prioriza el control y la inspección de su cumplimiento.

Finalmente, cabe destacar que una nueva propuesta de ley más restrictiva con los productos de tabaco y sus derivados no se opone a la educación y de la promoción de la salud. Todo lo contrario: la una fomenta a la otra. Las medidas educativas son más eficaces en contextos normativos que van en la misma dirección.

El tabaco, junto con el alcohol, funcionan como puerta de entrada para iniciarse en el consumo de otras sustancias ilegales. Por eso seguimos necesitando programas efectivos de prevención universal y selectiva a nivel escolar, familiar y comunitario que aborden las conductas adictivas. Pero también programas de ocio y tiempo libre que realmente sean atractivos y que compitan con el inicio del consumo de sustancias.

En definitiva, para acabar con la epidemia tabáquica es necesario no solo subir el coste económico del tabaco y otros productos relacionados, sino también incrementar el coste de oportunidad, es decir, incrementar el acceso a actividades reforzantes, incompatibles o alternativas al uso del tabaco.The Conversation


Autores de este artículo:

Sara Weidberg, profesor ayudante doctor, Universidad de Oviedo, y Roberto Secades Villa, chair professor, Universidad de Oviedo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.