El secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, ha anunciado hoy que, tras pasar los trámites preceptivos, la nueva Orden por la que se modifica la regulación de las prótesis externas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y que pronto verá la luz, contempla la ampliación de la prestación sanitaria relativa a los audífonos hasta los 26 años.

Blanco ha hecho este anuncio durante el acto de inauguración del Congreso Científico 40º Aniversario, que FIAPAS celebra, bajo el nombre de ?Sordera Infantil. Del diagnóstico a la Inclusión Educativa. Retos y Futuro?, hoy y mañana en Madrid.

El secretario general ha informado que el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud abordó la semana pasada la modificación el proyecto de Orden por la que se modifica el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

Blanco ha destacado el incremento de la edad para percibir la prestación por audífonos y la incorporación de nuevos componentes externos de los implantes auditivos en el Catálogo Ortoprotésico, además de otras mejoras en las cuantías financiadas.

Una noticia agridulce para FIAPAS, ya que la decisión finalmente adoptada, y que establece el incremento gradual, en el mejor de los casos, hará que esta ampliación hasta los 26 años sea realmente efectiva a partir del año 2022.

En lo referente a la renovación de los implantes auditivos, se recogen gran parte de las propuestas realizadas por FIAPAS, acercándose a la solución propuesta, es decir ampliar la financiación a todos los implantes auditivos y a gran parte de los componentes externos. Al respecto, estaremos atentos, a través de nuestras entidades locales a su desarrollo en cada una de las comunidades autónomas.

A pesar de que FIAPAS tenía confianza en que el Gobierno tuviera en cuenta las demandas de las personas sordas y sus familias, lo que podría haber sido un gran paso que lleva años esperando como un gesto hacia la equiparación de derechos dentro del Sistema de Salud, se ha visto empañado, pues se observa cómo la deuda que la Sanidad española mantiene con las personas sordas y sus familias sigue pendiente.